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La Policía requisa los móviles a dos periodistas por una filtración

Los agentes acudieron a Diario de Mallorca y Ep en Baleares por una información sobre el «caso Cursach»

Dos agentes se personaron ayer en el Diario de Mallorca para cumplir el mandato judicial con el aval de la Fiscalía. Foto: B. Ramón / Diario de Mallorca
Dos agentes se personaron ayer en el Diario de Mallorca para cumplir el mandato judicial con el aval de la Fiscalía. Foto: B. Ramón / Diario de Mallorcalarazon

Los agentes acudieron a Diario de Mallorca y Ep en Baleares por una información sobre el «caso Cursach»

Agentes de la Policía Nacional se personaron ayer en las sedes de la delegación de la agencia de noticias Europa Press (Ep) en Baleares y del Diario de Mallorca para requisar, por orden judicial, los móviles, ordenadores y documentación de dos periodistas de ambos medios para investigar la filtración de una información sobre el «caso Cursach», que adelantó Ep, investigado en una causa declarada secreta.

Los agentes han requerido a los periodistas –por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, cuyo titular instruye el citado caso de supuesta corrupción– información sobre las fuentes que les facilitaron datos sobre un informe policial. Basándose en ese documento, Ep informó el pasado julio de que la Policía imputaba al Grupo Cursach, perteneciente el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach, un fraude fiscal de 51 millones de euros y otro de 14 a la Seguridad Social.

En el registro en Europa Press, tres policías y una agente judicial han pedido a una redactora que les facilitara el informe sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach. La periodista, que se acogió a su derecho a no revelar las fuentes de su información que ampara el secreto profesional, les entregó su teléfono móvil. Además, los agentes se llevaron su ordenador portátil y uno de sobremesa, informa Efe. Según denunció la empresa, los investigadores impidieron que la informadora se comunicara con sus servicios jurídicos para pedir asesoramiento.

Al mismo tiempo, a un redactor de Diario de Mallorca también le fue requisado su teléfono móvil por idéntico motivo. Los policías reclamaron asimismo la entrega de los equipos informáticos empleados por el periodista, pero los responsables del periódico se negaron a facilitarlos.

La investigación de la filtración, solicitada al juez por la Fiscalía y los representantes legales de Cursach y su ex director general Bartolomé Sbert, se ha venido desarrollando durante los últimos meses. En su día, los investigadores también requirieron información por orden judicial a la Agencia Efe.

Tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares como la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares se han pronunciado en redes sociales en contra de la intervención policial y de la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 porque entienden que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.

Fuentes de la Fiscalía precisaron que los hechos se investigan, por la supuesta comisión de delitos descubrimiento y revelación de secretos, en una pieza separada del «caso Cursach» en la que «no se está investigando a ningún periodista». El Fiscal delegado de Anticorrupción en Mallorca, añaden, «informó favorablemente la diligencia solicitada por la Policía para acceder a los dispositivos de almacenamiento de información en poder de los periodistas a fin de obtener las necesarias evidencias de la comisión de un delito».

La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 medios de comunicación españoles, denunció ayer en un comunicado el «grave ataque al derecho de información» y a la independencia «frente a todo tipo de presiones» que supone la medida judicial, que solo pretende, dice, «coaccionara los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones». Por otro lado, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) expresó «la más contundente oposición a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información».