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La ruptura del pacto del 78

Uno de los éxitos de la Transición fue sellar la reconciliación entre todos los españoles. Aquel espíritu lo quebró Zapatero en 2007 con la mal llamada Ley de Memoria Histórica y pretende rematarlo Pedro Sánchez

  • Una estatua de Franco es retirada en Ferrol en el año 2010 para ser trasladada a un almacén / Efe
    Una estatua de Franco es retirada en Ferrol en el año 2010 para ser trasladada a un almacén / Efe

Tiempo de lectura 8 min.

25 de agosto de 2018. 05:23h

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Jesús Palacios.  25/8/2018

Produce cierto hastío tener que escribir sobre la acción del Gobierno socialista de exhumar los restos de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez ha hecho de este asunto todo un símbolo, todo un mito, a través de sus jaleadores mediáticos, convirtiéndolo en el acto prioritario de la acción política de un gobierno sin horizonte ni sentido. Franco murió pacíficamente en una cama de un hospital de la Seguridad Social hace 43 años, tras, eso sí, una larga y tremenda agonía, pero sin hostilidad ni violencia de una oposición que, de hecho, ya estaba activa y bien presente en los últimos años del franquismo. Y con su óbito se acabó su dictadura y régimen personal.

Uno de los éxitos de la Transición fue el de sellar la reconciliación entre todos los españoles a través del pacto político entre los reformadores del franquismo y los partidos en el exilio. Y de las dos leyes de Amnistía, que fueron promovidas por la izquierda, porque había llegado el momento de ultimar el proceso de normalidad democrática «con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles» (amnistía de julio de 1976), recogiendo expresamente la de octubre de 1977, la amnistía total para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976. Uno de sus defensores más activos fue el histórico líder sindical Marcelino Camacho, portavoz del PCE en el Congreso, al manifestar que la Ley de Amnistía era «resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro Partido». «Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?»

Aquel espíritu de reconciliación y normalidad democrática entre los españoles, lo rompió en diciembre de 2007 el presidente Zapatero con la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que reabrió las heridas cerradas y superadas en la sociedad, volviendo al lenguaje guerracivilista y de trincheras, seguido de una guerra de esquelas, el deseo de «ajustar cuentas» con los vencedores de la Guerra Civil y el franquismo, y la obsesión por derribar monumentos y cambiar los nombres de las calles. Lo que nada tiene que ver con el honroso enterramiento de todas las víctimas, que fue la coartada y maquillaje de la ley.

En una vuelta de tuerca más, Pedro Sánchez no solo ha presentado en el Parlamento una reforma de dicha ley en la que pretende, entre otras barbaridades, la implantación de una «cheka» nacional de pensamiento único con la creación de una Comisión de la Verdad, lo que ha sido contestado por cientos de intelectuales, historiadores y políticos de todos los ámbitos, muchos de ellos socialistas y de izquierdas, en el Manifiesto por la Historia y la Libertad, sino que ha hecho del cadáver de Franco y del mausoleo del Valle de los Caídos el principal y casi único objeto político de su Gobierno.

En cierta ocasión le preguntaron al presidente Felipe González si estaría dispuesto a quitar la estatua de Franco de los Nuevos Ministerios, a lo que contestó «que el valor para derribar aquel monumento había que demostrarlo en vida del dictador porque ya muerto carecía del mismo». Agitar los restos de Franco le sirve a Sánchez para la movilización populista, y de llevar a cabo la medida no estaríamos ante una exhumación, sino ante una profanación y una violación de la ley, por mucho que el Parlamento lo hubiese aprobado en mayo de 2017, lo que indica también la cobardía de varios partidos. Y si ahora la lleva a cabo mediante un decreto ley convalidado en el Congreso será en flagrante fraude de ley, pues nada justifica la urgencia ni la trascendental importancia del mismo.

Ya la comisión de expertos creada por Rubalcaba al efecto, emitió un dictamen en noviembre de 2011 en el que mayoritariamente estos se mostraban partidarios de la exhumación, y a la vez, de lo difícil que sería llevarla a cabo si no se contaba con el beneplácito de la Iglesia, y la del abad benedictino del Valle; esto es, que se dejaran las cosas como estaban. El Gobierno cuenta con la negativa del abad, y no está nada clara la ambigua o ecléctica postura de la Iglesia, a la que se ha sumado la firme oposición de la familia.

Sánchez ha dicho que mover a Franco de su tumba es para evitar que el lugar se convierta en un centro de exaltación franquista y de la dictadura, lo que en modo alguno es cierto. Y también ha enfatizado que «ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen a una dictadura», con lo que exhibe su tremenda ignorancia. Y un cerebro vacío. En el exterior del palacio de Westminster (Parlamento británico) está la estatua de Oliver Cromwell, el feroz y aberrante puritano que hizo una guerra civil, cortó la cabeza de Carlos I, estableció la república, cerró el Parlamento y se erigió en dictador masacrando a los irlandeses y hostigando a los escoceses. En el centro de París, Napoleón Bonaparte, que se autoproclamó emperador absoluto, reposa en un gran mausoleo en el palacio de los Inválidos. El dictador y creador del fascismo, Benito Mussolini, el Duce, tiene un mausoleo en Predappio, su villa natal; en la Plaza Venecia de Roma, ante el monumento dedicado a Víctor Manuel II, sigue erigida una columna dedicada al «dux» y en el conocido durante el fascismo Foro Mussolini, hoy Foro Itálico, se levanta un obelisco con la leyenda «Mussolini Dux».

Y qué decir de los países sometidos durante décadas bajo la dictadura comunista. La desaparición de la URSS no ha modificado en absoluto la necrópolis con las tumbas de varios de sus dictadores que hay junto al muro del Kremlin. Allí sigue estando intacto el mausoleo de Lenin, cuya base sigue sirviendo de tribuna de las grandes paradas militares. Stalin estuvo enterrado junto a Lenin entre 1953 y 1961, hasta que Jruschov decidió sacar su cuerpo y enterrarlo en la necrópolis a los pies del muro. A su lado está la tumba de Mijail Suslov, y en la misma hilera de la Plaza Roja, las tumbas de Félix Dzerzhinski, el creador de la terrorífica «cheka», Breznev, Andropov y Chernenka, entre otros. Al aire libre, en el Parque Muzeum, junto al río Moscova, se levantan infinidad de estatuas de los diferentes dirigentes soviéticos y de la URSS, además de símbolos en edificios públicos, nombres en las estaciones de metro y en las calles.

Por su parte, en Pekín, Mao Zedong, que dejó más de setenta millones de muertos durante su dictadura y su cruenta Marcha Cultural, tiene su gran mausoleo en la Plaza de Tiananmén. Ho Chi Minh, el histórico líder vietnamita, posee el suyo en Hanoi, donde su cuerpo momificado se conserva mejor que el de Mao. Y así podríamos seguir con la saga de los dictadores de Corea del Norte o de la América española.

Cada nación debe asumir su propia historia tal y como es. Ningún dirigente político debe manipularla en su propio beneficio. Hacerlo es espurio. Las heridas de la Guerra Civil, que dividió y enfrentó a los españoles, quedaron cerradas al inicio de la Transición en la concordia de la reconciliación política y social. Zapatero rompió aquel pacto reabriendo heridas, y Sánchez profundiza en ellas. Traer a la política el cadáver de Franco o su dictadura, y los hechos de nuestra historia más reciente es un grave error, que lejos de normalizar o pacificar podría llevar a la confrontación social. La acción política debe hacerse siempre sobre los vivos. Y nunca sobre los muertos.

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