Manos Limpias ha presentado una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, AENA y contra su presidente, Maurici Lucena, por lo que considera una dejación de responsabilidades respecto a la presencia permanente de indigentes en el aeropuerto de Barajas. En la denuncia, el colectivo de funcionarios atribuye a los querellados delitos contra la seguridad nacional y contra la seguridad colectiva, prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos.

Según expone en ese escrito remitido a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, tanto AENA como su presidente y Grande-Marlaska "han evitado asumir su responsabilidad derivándola hacia otras administraciones. Y recuerda que AENA ha llegado a remitir un "requerimiento legal" al Ayuntamiento de Madrid instándole a atender a estas personas sin hogar -que Manos Limpias cifra entre 400 y 500- al considerar que es la administración competente al respecto.

La "dejación de funciones" por parte del ministro del Interior, asegura, "es patente" en la medida en que "teniendo a su disposición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no ha ordenado las actuaciones necesarias para identificar a estas personas y resolver la situación". Algo que ve "especialmente grave" teniendo en cuenta que los agentes encargados del control de pasaportes y los vinculados a la Agencia Tributaria "no pueden actuar en las zonas públicas donde se concentran estas personas sin una orden específica o un dispositivo coordinado".

Al mismo tiempo, señala que la normativa interna de AENA "prohíbe expresamente que las personas puedan acampar, utilizar colchones o sacos de dormir, o realizar actividades de mendicidad dentro del aeropuerto". Sin embargo, se queja, el gestor aeroportuario, "a través de su presidente Maurici Lucena, no solo ha tolerado estas actividades prohibidas, sino que ha facilitado su perpetuación al reubicar a estas personas en zonas menos visibles de la terminal" (reubicándolas en la planta -1 del lado sur de la terminal y en la segunda planta norte y la planta 1 sur en un "mero ejercicio de ocultación"), "en lugar de aplicar la norma va y resolver el problema de raíz".

Pide citar a la subdelegada del Gobierno

Además de la declaración como investigados de los denunciados, Manos Limpias reclama que se cite como testigos a Pilar Trinidad, subdelegada del Gobierno en Madrid y a los directivos y responsables de seguridad de AENA y de Interior que hayan intervenido en los hechos objeto de la querella. Asimismo, insta a reclamar al gestor aeroportuario la normativa interna respecto a la prohibición de acampar en sus instalaciones y los protocolos de seguridad del aeropuerto de Barajas, así como los informes sobre los posibles incidentes que han tenido lugar en relación a estas personas.

Manos Limpias también pide la citación como testigos de dos miembros del sindicato ASAE, del personal de limpieza y seguridad del aeropuerto y de los responsables de la Mesa por la Hospitalidad de Madrid encargados de elaborar el censo encargado por AENA.

En cuanto a Interior, pretende que remita a los juzgados los protocolos de actuación de los agentes que prestan servicio en el aeropuerto, los informes sobre la distribución de competencias entre los distintos cuerpos policiales, las comunicaciones con AENA en relación a la situación de estas personas. El colectivo de funcionarios ve igualmente necesario examinar los informes de Policía y Guardia Civil sobre los hechos denunciados y las grabaciones de seguridad de la T4 de los últimos tres meses.

Para el colectivo denunciante, "la mera presencia de individuos no identificados en un número tan elevado en una infraestructura crítica como un aeropuerto internacional supone una clara vulneración de la normativa de seguridad aeroportuaria y nacional, competencia directa tanto de AENA como del Ministerio del Interior".

"Gravedad extrema"

Según pone de relieve, "la situación adquiere una gravedad extrema si tenemos en cuenta que España mantiene un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista" y que los aeropuertos "son objetivos prioritarios para el terrorismo yihadista, como ha demostrado la historia reciente". De ahí que, insiste, mantener a cientos de personas sin identificar en sus instalaciones constituye "una brecha de seguridad inadmisible".

En este sentido, recuerda que en febrero de 2025 un conductor consiguió acceder con su vehículo "a zonas restringidas de la T4 siguiendo indicaciones de GPS y pasando un control pegado a un vehículo autorizado, demostrando vulnerabilidades en el sistema de seguridad perimetral".

En todo caso, señala, esta situación ya ha generado no solo problemas de seguridad (alude a un enfrentamiento violento en la zona de facturación el pasado abril y a las denuncias de trabajadores del aeropuerto sobre "robos frecuentes", "estafas" y la presencia de "grupos organizados dedicados al hurto"), sino también de carácter sanitario (trae a colación la denuncia de una plaga de chinches e insectos en la T4 que hizo el sindicato ASAE en mayo de 2025 y las quejas del personal de limpieza por las dificultades para realizar su trabajo por la presencia de "botellas de alcohol rotas y jeringuillas en los baños"). "La situación obligó a AENA a retirar asientos en la planta 2 después de que muchos trabajadores se negaran a prestar sus servicios debido a la plaga de chinches", apunta.

Según pone de manifiesto la denuncia, Interior no permite a los agentes de Policía y Guardia Civil que prestan servicio en el aeropuerto identificar a estas personas que han hecho de Barajas su hogar, "contraviniendo lo establecido en la legislación de seguridad nacional, especialmente en un recinto de especial protección como es el mayor aeropuerto de España y uno de los mayores de Europa".

Denuncia que se impiden las identificaciones

Y a este respecto incide en que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para "requerir la identificación de personas cuando existan indicios razonables para prevenir la comisión de un delito o para el correcto ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad". Sin embargo, lamenta tanto AENA como Interior "han impedido que la Policía Nacional y la Guardia Civil realicen las identificaciones pertinentes en las zonas públicas del aeropuerto, fuera de las áreas restringidas de seguridad".

La Ley de Seguridad Aérea, hace hincapié Manos Limpias, establece en su artículo 4.4 que "el mantenimiento de la seguridad y el orden público en los aeropuertos y aeródromos civiles de uso público y demás instalaciones de la aviación civil corresponderá al Ministerio del Interior. Asimismo, añade, el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, aprobado en enero del pasado año, contempla procedimientos para "asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulaciones, público, personal de erra, aeronaves, aeropuertos y sus instalaciones". Pese a lo cual, se queja, ni AENA ni el Ministerio del Interior "han tomado las medidas necesarias para garantizar la identificación y control de estas personas".

Manos Limpias es consciente de que Marlaska está aforado ante el Tribunal Supremo (TS), pero matiza que presenta la querella en un juzgado ordinario "por ser este el competente para conocer de los hechos respecto de los demás querellados", señalando que si el instructor estimara que los hechos pudieran ser constitutivos de delito respecto del ministro del Interior "procedería elevar exposición razonada al Tribunal Supremo, conforme a la jurisprudencia consolidada en esta materia".

El colectivo de funcionarios compara la situación de estas personas sin hogar con la atención a los inmigrantes que llegan a Canarias y apunta que "desde enero de 2025, más de 50 aviones procedentes de Canarias han trasladado a 10.500 inmigrantes, perfectamente controlados e identificados por la Policía Nacional y diversas ONG, para ser ubicados en hoteles de cuatro estrellas a lo largo de toda España". "Resulta incomprensible -afirma- que las autoridades sean capaces de gestionar de manera ordenada este flujo de miles de personas y, sin embargo, sean incapaces de abordar la situación de apenas 500 personas que ocupan ilegalmente el aeropuerto más importante del país". De ahí que pida también que se requiera información sobre el protocolo aplicado a esos traslados y alojamientos "a fin de establecer la comparativa con la situación de las personas sin hogar en el aeropuerto".