El Ministerio del Interior ha archivado el expediente disciplinario abierto a Rubén Eladio, el inspector que ocupaba el cargo de subdirector de la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis del área de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El motivo de la misma fue el supuesto uso indebido del vehículo de una empresa de vigilancia.

La resolución de este expediente disciplinario se produjo hace pocos días tras varios meses de diligencias y declaraciones por parte de los instructores de la División de Personal de la Policía Nacional. El informe final está dictado por la Dirección General de la Policía y LA RAZÓN ha tenido acceso al documento donde se detallan los motivos que llevan al archivo de la causa.

Así, la denuncia se remonta a cuando Rubén Eladio, inspector que tuvo una participación activa destapando las cloacas, ejercía el cargo de Subdirector General de la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. Este policía nacional desembarcó en el área con José Luis Ábalos y se mantuvo después de su marcha.

Una versión "sesgada y parcial"

A Eladio se le acusaba de hacer un uso indebido del vehículo que tenía una de las empresas adjudicatarias de los contratos de seguridad del ministerio en 2022. Afirmaban que este inspector lo utilizaba como propio y también cuando estaba de baja para el servicio. También alegaron que el funcionario hacía uso de una tarjeta de repostaje de combustible con la que habría realizado unos gastos totales de 4.918 euros entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023.

Un grave señalamiento que se desmontó con la practica de las diligencias. El 11 de marzo de 2025 se produjo la incoación del expediente disciplinario para depurar la responsabilidad. El primero de los testimonios que se tomó fue el del propio Rubén Eladio quien alertó que el Servicio de Inspección de Transportes se "extralimitó en la comprobación de los hechos" porque fueron "más allá de la línea temporal de los dos años de prescripción de la supuesta falta grave". "Consultando los registros de acceso a los edificios", señaló.

Eladio señaló que todas estas actuaciones previas fueron ordenadas por la auditora de la etapa de José Luis Ábalos en Transportes. A esta alto cargo de Puente, el inspector la acusó de una "dinámica sesgada y parcial" ya que le trasladó que se reincorporaba al servicio el 27 de diciembre de 2024 y no le comunicó que tenía que comparecer para aclarar estas circunstancias.

El inspector también defendió que los tickets de gasolina fueron validados durante años porque no había limitaciones y siguió todo el curso legal. Cabe reseñar que este funcionario sufrió un accidente de surf que le mantuvo en coma desde el 5 de noviembre de 2023 hasta abril de 2024. "No tuve comunicación alguna con mi trabajo por lo que desconocía que tenía que devolver el vehículo", afirmó.

La mujer del agente se puso en contacto con el jefe de Seguridad de Transportes para que recogiera el coche pero nunca fue a él. El instructor del caso analizó las actuaciones practicadas por la Inspección de Servicios. Muchos de los testigos dijeron desconocer los hechos y otros los saben por terceras personas.

"No quedan acreditadas las irregularidades"

Tampoco se incorporó el testimonio directo del trabajador de la empresa que se encargaba de entregar los vehículos al ministerio. De la misma forma Rubén Eladio aportó información documental que acreditaba que su horario laboral no se encontraba determinado. La existencia de otro juego de llaves el coche en cuestión podría suponer que este inspector no fuera el único usuario del vehículo cedido por la empresa.

"Por todo lo expuesto, tampoco hay prueba en el expediente que enerve la presunción de inocencia ya que éste se ofreció a entregar dicho vehículo en numerosas ocasiones y nadie le indicó el modo de hacer efectiva la entrega", detalla. Asimismo, las pruebas incorporadas "no resultan acreditadas las presuntas irregularidades".

Entre los diversos informes aportados al procedimiento hay escritos de la Abogacía del Estado donde se remarcaba que el expediente debía haber sido instruido por la Policía Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Óscar Puente comandó el caso desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2025. Fuentes sindicales consultadas por este medio afirman que ven "graves irregularidades" en la instrucción de Transportes que podrían incluso ser querellables.