Tres años se cumplieron ayer de la muerte de decenas de migrantes subsaharianos. Aunque el balance oficial nunca rebasó la cifra de 23 fallecidos, los informes de las ONG, como la local Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), elevaron la cifra por encima de las setenta como consecuencia de la asfixia y el aplastamiento, después de que las fuerzas marroquíes intervinieran para detener un asalto masivo de la frontera de Melilla. A día de hoy, en el tercer aniversario de un episodio sangriento y crudo como pocos en las últimas décadas, sigue sin haber una investigación independiente. Lo ocurrido en los límites entre Nador y la ciudad autónoma no tiene ningún responsable político por parte de las dos administraciones.

En un episodio casi caído completamente en el olvido. Más de 1.500 jóvenes subsaharianos –la mayoría de ellos sudaneses– protagonizaron un asalto a la frontera en la madrugada del 24 de junio desde sus refugios en las montañas que rodean la ciudad autónoma y que fue repelido por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España. Varios meses después del episodio, una investigación de la cadena británica BBC concluyó que las fuerzas españolas vieron y no impidieron que decenas de migrantes subsaharianos murieran en el perímetro fronterizo y que algunas de las muertes se produjeran en un lugar controlado además por las autoridades españolas.

El trabajo de la corporación británica fue más allá hasta dejar constancia de que hubo devoluciones en caliente y que los agentes de la Gendarmería marroquí entraron en territorio español. Además, varios de los subsaharianos fallecidos en suelo melillense fueron trasladados a territorio de Marruecos. De las imágenes y los testimonios recabados por la cadena británica se deduce que los agentes de ambos países negaron el debido auxilio a los heridos. De acuerdo al testimonio de algunos de los jóvenes supervivientes, cientos de subsaharianos permanecieron, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, en el suelo, en el lado marroquí de la valla, con los heridos y los muertos tendidos entre ellos. Y de esta manera estuvieron varias horas.

Poco después de publicarse el reporte de la BBC, al cumplirse los seis meses de lo ocurrido, la Fiscalía española descartaba posibles consecuencias penales en la actuación de la Guardia Civil. Por su parte, desde Rabat, hace un año fue el Ministerio Público marroquí el que decidía archivar el caso alegando un «uso proporcional de la fuerza» por parte de sus fuerzas de seguridad y concluyendo la «ausencia de indicios de delito». Menos de un mes después de lo ocurrido, la justicia marroquí actuaba implacablemente condenando a decenas de migrantes subsharianos por su participación en el asalto, con penas de hasta tres años de cárcel. A pesar de haber sido interpelado en varias ocasiones en su escaño del Congreso de los Diputados, tanto por la oposición como por las formaciones que han formado parte en los últimos años de la mayoría parlamentaria pro gubernamental, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado siempre hacer autocrítica sobre la actuación de los agentes de la Guardia Civil en la ausencia de auxilio de las decenas de migrantes que perecían a pocos metros de suelo español. «Los hechos se produjeron en el territorio nacional de un país soberano y solo de forma muy tangencial se produjeron en España», aseveró el entonces y ahora titular de Interior español sobre lo ocurrido en fechas posteriores a la tragedia, una posición que ha mantenido siempre, a pesar de las informaciones periodísticas y del trabajo de las ONG para desvelar lo ocurrido.

Como en otros ámbitos de las relaciones bilaterales, no importunar a Marruecos constituye una guía y máxima para el presidente del Gobierno y sus ejecutivos desde que se hiciera efectivo el giro diplomático español en el Sáhara Occidental en el mes de marzo de 2022. Así ha ocurrido tanto al respecto de la tragedia de la frontera de Melilla como en otras materias, es el caso del funcionamiento de las aduanas comerciales de Melilla y Ceuta, que han tenido que esperar más de dos años y medio para ver la luz.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, una entidad estatal, atribuyó las muertes de los migrantes a las caídas desde la estructura metálica o a la asfixia, y responsabilizó a la Guardia Civil de no haber auxiliado a las víctimas del asalto. Ningún responsable del Gobierno español salió al paso del informe.

Con el apoyo expreso del jefe del Ejecutivo al plan de autonomía propuesto por Rabat para el territorio que fuera colonia española en una carta remitida al rey Mohamed VI, las autoridades españolas y marroquíes superarían con efecto inmediato una agria crisis bilateral de meses para entrar en una supuesta época dorada en sus relaciones. Una prometedora nueva fase cuyo inicio quedó materializado en una hoja de ruta que hasta ahora ha obtenido resultados modestos.

La cooperación en materia migratoria entre las autoridades españolas y marroquíes ha sido, sin duda, una de las áreas en que la nueva etapa se ha manifestado de manera más favorable para los intereses españoles, aunque haya sido a costa de evitar, por ejemplo, cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad magrebíes en episodios como el de junio de 2022. El horizonte de la celebración en 2030 del Mundial de la FIFA en candidatura conjunta España-Marruecos-Portugal evitará de manera previsible eventuales episodios de tensión y crisis bilaterales.