Moncloa aprovecha Pegasus para un nuevo «pago» a ERC

El Gobierno ha llevado a cabo la desclasificación «parcial» de documentos sobre el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el programa Pegasus, tras la petición en este sentido del juez que lleva el caso.

Un paso con el que el Ejecutivo asegura, muestra su disposición para colaborar con la Justicia «como siempre» y asegurando que son ellos los «principales interesados en establecer esta cuestión».

La desclasificación de documentos sobre el espionaje llega en un momento clave en la Legislatura, en el día que se negociaban las enmiendas parciales a la ley de la amnistía en el Congreso y en medio de la pugna entre los partidos independentistas para sacar rédito de sus negociaciones con el Gobierno central, a las puertas de su competición en Cataluña ante la próxima cita electoral.

Si bien en el Ejecutivo recuerdan que la decisión de desclasificar no ha estado en sus manos, ni tampoco ha sido una exigencia de Carles Puigdemont o de Pere Aragonés, sino que llega por petición del juez, si que se está pensando estratégicamente en aprovechar esta baza con el objetivo de continuar atendiendo a las reclamaciones de los independentistas para consolidar su apoyo parlamentario en una convulsa legislatura marcada por la dependencia del Ejecutivo de sus aliados.

El PSOE pactó con ERC la puesta en marcha de tres comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para apoyar en agosto a Francina Armengol como presidenta del hemiciclo. Una de ellas tiene que ver con la llamada «Operación Cataluña», la siguiente con los atentados que tuvieron lugar en Barcelona y en Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto de 2017 y, la última, la investigación de la organización Citizen Lab sobre el «caso Pegasus» por el presunto espionaje a líderes independentistas a través de los softwares Pegasus.

Ahora, precisamente, el Ejecutivo pone el foco para impulsar una de ellas, la que tiene que ver con la llamada «Operación Cataluña». Para el Gobierno, la desclasificación parcial de las escuchas a Aragonés, pone «en evidencia» la «oportunidad de crear una comisión de estas características», según explican fuentes gubernamentales. De esta manera, en Moncloa encuentran una percha de actualidad política –la apertura de información sobre el «caso Pegasus»– para continuar dando cumplimiento a los pactos con los independentistas en una cuestión que cuenta con el rechazo total del bloque de la derecha.

El Ejecutivo se mostró ayer a favor precisamente de «aclarar los hechos de extrema gravedad» sobre la «operación Cataluña» y abrió la puerta a que el expresident del Partido Popular, Mariano Rajoy sea citado en la comisión parlamentaria. «Estamos frente a un tema de enorme gravedad que nos traslada conductas absolutamente bochornosas y vergonzantes», aseguró la portavoz, Pilar Alegría. «Vamos a ir hasta el final».

Junto a la ley de amnistía, las comisiones de investigación en el Congreso fueron los primeros acuerdos que alisaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, junto al pacto para instaurar las lenguas cooficiales. El pasado mes de diciembre el Congreso aprobó la creación de las tres comisiones de investigación, pero no será en este mes cuando las tres puedan desplegar sus trabajos al tratarse este mes de inhábil en el hemiciclo. Las mismas abrieron la brecha política con el bloque de la derecha ante la intención de los socios de Pedro Sánchez de que en estas puedan comparecer jueces por los supuestos casos de «lawfare». El PSOE, sin embargo, ha garantizado que el objetivo de las citadas comisiones tiene por objeto controlar la labor de los gobiernos y no la acción de los jueces.