Desde que Félix Bolaños asumió el cargo de ministro de Justicia, en noviembre de 2021, mantiene una guerra abierta con los miles de profesionales que se agrupan en las tres asociaciones de jueces y dos de fiscales que no son progresistas.

El conflicto nace del empeño del socialista en «no pasar volando» por esta cartera que administra el sistema judicial y ser recordado en la historia política española por las reformas de calado que ya ha implantado o pretende ejecutar.

El eslogan de Bolaños es siempre que todas sus leyes para introducir cambios estructurales son ineludibles porque es preciso adaptar la Justicia a las necesidades del siglo XXI.

Mientras que los afectados, los miembros de ambas Carreras, vienen advirtiendo desde un principio que lo que supondrán es una rebaja de su calidad, un mayor control por parte del Gobierno y la injerencia de intereses políticos.

Por eso, a cuenta de las últimas «ley Bolaños», entre ellas, la que quiere estabilizar a sustitutos para que pasen a ser miembros de la judicatura y el Ministerio Fiscal, las togas se plantarán realizando un paro este próximo miércoles ante los juzgados de todo el país.

En el ministerio hacen como que no se han enterado de que jueces y fiscales llevarán a cabo este primer acto para materializar su oposición, pese a que muchos ya dan por hecho que tendrán que ir a la huelga.

La estrategia con la que el ministerio viene caldeando aún más el ambiente pasa por insistir en que las asociaciones no están actuando con lealtad institucional, sino que se dedican a esparcir «bulos» sobre el impacto y el trasfondo de sus reformas.

Las posiciones son enfrentadas. El departamento ministerial no cede a paralizar las modificaciones y las asociaciones insisten en que harán lo que tengan que hacer para evitar un achicamiento del Estado de Derecho.

Así, Bolaños asegura, por su lado, que la ampliación del mandato del fiscal general del Estado de cuatro a cinco años –mediante reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)– servirá para desligar la etapa de Álvaro García Ortiz y sus sucesores de los cuatro años que dura cada Ejecutivo.

Y, sin embargo, como avisan fuentes de las entidades a LA RAZÓN, no se puede desechar que el objetivo real sea que, antes de que acabe la legislatura en agosto de 2027, momento en el que también caduca el actual mandato de García Ortiz, coloquen a un hipotético sustituto.

Según estas, sería una manera de asegurar que alguien cercano al PSOE aún dirija el Ministerio Público durante toda la legislatura de un hipotético Ejecutivo del PP, y ante las numerosas causas por corrupción a las que se enfrenta el entorno del actual presidente y su partido.

Un escenario que, desde el ministerio, niegan rotundamente que vaya a ser posible, dado que esta reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028 y, con la convocatoria de elecciones, aunque se nombre a un recambio, este cesara en el cargo y tendrá que el nuevo Ejecutivo que nombrar a otro fiscal general.

Las asociaciones, al mismo tiempo, vinculan esta renovación del EOMF que quiere Bolaños con que la cúpula fiscal pase a ser determinante en el devenir de los procedimientos que afecten a los socialistas.

Principalmente porque con este proyecto el fiscal general tendría un mayor poder jerárquico para dirigir la actuación de sus subordinados.

Las entidades tienen claro que su criterio acabaría influyendo en que la Fiscalía pida banquillo de los acusados, o lo frene, para los encausados de Ferraz o de la familia de Pedro Sánchez.

Las agrupaciones critican que, en este sentido, vaya también otra de las reformas que ha urdido Bolaños: cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que sean los fiscales los que tenga la batuta de instrucción y que sean quienes decidan impulsar o no las investigaciones.

Los fiscales pasarían a dirigir las indagaciones judiciales y, a la vez, como decíamos, a la Fiscalía General del Estado se le da un mayor peso y capacidad de control sobre los miembros de la Carrera. «Piensa mal y acertarás» es a lo que apuntan las agrupaciones, con preocupación.

Las asociaciones aprovechan estos días para sacar a relucir que hay medidas del actual equipo del Ministerio de Justicia que ya están en vigor y los problemas –sobre los que ellas ya advirtieron– son hoy una realidad.

Es el caso del «colapso inminente» que se cierne sobre los juzgados de Violencia sobre la Mujer después de que hayan empezado a asumir los delitos sexuales. La precariedad de su situación, con ello, no ha hecho más que cronificarse, sin visos de remedio.

Las asociaciones se opusieron, en su momento, pero en Justicia no les hicieron caso y los pasos hacia el caos se han agigantado. Más aún, tal y como denuncian afectados a este diario, porque el ministerio tampoco ha cumplido con sus promesas de más plazas y refuerzos.

Dan por hecho que lo mismo ocurrirá con el resto de «leyes Bolaños» que se preparan para ser puestas en práctica.

Habrá que ver si no les queda otra que ir a la huelga.

El único antecedente lo encontramos hace dos años, cuando jueces y fiscales estuvieron a punto de ir, pero un acuerdo de última hora propició que se desconvocase. En aquella ocasión, el problema era el insuficiente aumento en sus retribuciones y fue Pilar Llop la ministra que logró un acuerdo. Hoy el diálogo está más enquistado.