Moncloa se sacude las críticas, que van a más por parte de los nombres más simbólicos de la historia del PSOE, a cuenta de la negociación de una ley de amnistía con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Se las sacuden sin complejos, y para que no haya ninguna duda entre sus socios respecto a sus intenciones de llegar hasta el final, sobre todo de Junts, que es el rey de la negociación, ya han comenzado a hacer correr un mensaje de ninguneo absoluto hacia esas voces que empiezan a dejarse oír contra la estrategia de Sánchez y de sus «fontaneros» para seguir en el Palacio de La Moncloa.

Dicen que ni la política ni otros poderes del Estado, en referencia al Judicial, pueden entorpecer una negociación en marcha «que tiene como único límite la interpretación constitucional», el escudo con el que se protegen para gestionar la polémica. Con esa garantía cuentan en Junts, pero también es la regla con la que se manejan en ERC, PNV o Bildu.

En la contestación interna abrió la veda el expresidente del Gobierno Felipe González en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. Y se van sumando nuevas voces de veteranos socialistas, que según lo que se traslada desde el núcleo duro de Sánchez «no representan a nadie y se mueven solo por intereses y rencores personales». Dando a entender que incluso los hay de carácter económico porque no han visto satisfechas sus aspiraciones materiales.

De los dirigentes en activo, solo el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha atrevido a moverse un poco del posado oficial al lado del presidente en funciones. Page está midiendo sus tiempos, a ver cómo evoluciona la negociación y si se detalla la letra de lo que está dispuesto a conceder el líder socialista para seguir en el poder. En su entorno no se atreven a mojarse respecto a cuántos dirigentes más en activo romperán un silencio que resulta atronador si se compara con los mensajes y lo que circula internamente.

Pero en Moncloa no preocupan lo más mínimo estos movimientos o al menos es la sensación que trasladan. Están apretando los resortes para que quede claro en el partido que, quien se mueva, tendrá que asumir las consecuencias, y confían en la lealtad de unas estructuras territoriales que quedaron mermadas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. No hay miedo al motín y venden confianza a sus interlocutores, porque tienen «controlada la situación interna», y tampoco ven movimientos sociales que puedan desestabilizar la negociación. El único obstáculo es el coste electoral, pero no hay cerca comicios en los que Sánchez se juegue nada, la única excepción las europeas, y, además, esperan incluso que tirar hacia adelante y desoír a los críticos les dé votos en el País Vasco y Cataluña.

ERC y PNV, apoyos de Sánchez en la pasada legislatura, han pasado a ser tratados en el referente público como socios de segunda, porque todo pasa por la decisión de Puigdemont. Tan es así, que afirman que «solo Puigdemont puede hacer que no haya acuerdo de investidura»: escenario que no entra en su agenda de trabajo.

El discurso oficial mantiene que las advertencias del viejo PSOE sobre las consecuencias del proceso en el que se ha embarcado Moncloa son solo señales de que «hay un grupo de veteranos que no entienden que España necesita una nueva generación de dirigentes socialistas capaces de afrontar con valentía los problemas actuales».

Sánchez cuenta a su favor con la debilidad de un partido que, tras el 28M, perdió mayoritariamente su poder territorial. No hay «barones» autonómicos que les contesten, más allá de Page, y las federaciones territoriales bastante tienen con administrar el malestar de tantos cargos que han perdido el puesto de trabajo tras la sonada derrota en el ámbito autonómico y municipal. De hecho, esta debilidad, y la necesidad de recolocar a tantos nombres que se han quedado en el paro, hacen que en Madrid se sientan más fuertes porque el PSOE necesita mantener el control de la Administración General del Estado para esquivar una grave crisis orgánica, que incluso llegaría a tocar al liderazgo de Sánchez.

Por otra parte, en el Gobierno en funciones celebran como un triunfo que la amnistía no entrase en la inauguración del nuevo curso judicial. El acto de ayer, al que asistió el Rey Felipe VI, lo veían con muchos recelos por la posibilidad de que sirviese como punto de partida para destapar la caja de Pandora del malestar que se cuece también en instancias judiciales, por entender que se está negociando una impunidad en función de criterios de oportunidad política, sin atender al principio de igualdad ni de justicia, y sin que hayan renunciado a futuro a la unilateralidad.

El silencio de ayer sobre la negociación con los independentistas, que en el Poder Judicial se justifica en una obligada no injerencia hasta que no haya hechos tangibles que permitan ser evaluados, lo celebraron, sin embargo, en medios gubernamentales como «una prueba más de que hay una normalización de la necesidad de dar solución al problema catalán con propuestas nuevas y arriesgadas». El presidente del Supremo también está en funciones, y ayer denunció ante el Rey el panorama «desolador» de la Justicia por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Un desacuerdo que no tiene visos de arreglarse si, finalmente, se confirma un nuevo Gobierno de coalición con los apoyos de Puigdemont, Junqueras y Otegi.

Mientras, en medios del Partido Popular se calificaba, extra oficialmente, de «vergüenza» que en la apertura del Año Judicial «no hubiera habido ni una sola referencia a la autodeterminación, el problema judicial más importante que tenemos».

ERC insiste: «No den por descontados nuestros votos»

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, volvió a avisar ayer al PSOE y Sumar de que «no den por descontados» los votos favorables de los republicanos a una investidura, al tiempo que celebraba que Junts se «sume» a la vía de la negociación tras años «poniendo palos a las ruedas». Así se pronunció la portavoz republicana en la localidad de Vilanova i la Geltrú, donde hizo hincapié en que las condiciones puestas sobre la mesa para apoyar a Pedro Sánchez deberán ser «atendidas» por PSOE y Sumar: «Una amnistía que es necesaria para poner el contador a cero; avanzar en el ejercicio del derecho de autodeterminación, en el marco de la mesa de diálogo, y beneficios para la ciudadanía, como el traspaso de Rodalies y acabar con la situación de déficit fiscal».