Gobierno
La coalición del PSOE con Sumar, menos beligerante pero con muchos frentes abiertos
Aunque la relación con Sumar no es tan beligerante como con Podemos, hay temas que pueden hacerla saltar por los aires
Pedro Sánchez se mostró tranquilo en la conversación informal que mantuvo con los periodistas en el vuelo de vuelta a España desde Israel. La política internacional será una prioridad en su mandato y este primer viaje era un destino sensible por las diferencias con Sumar. La postura de Sánchez ha sido bien recibida por el socio, no tanto por Israel, molesto por la defensa del derecho humanitario realizada por Sánchez, que también condenó el ataque de Hamás. El Gobierno ha empezado a andar sin tensiones y la mayoría de 179 votos de la investidura se mostró sólida pese a la crispación en el hemiciclo y en la calle. «Responder a la crispación con trabajo», les dijo a sus ministros en una carta que encontraron en la mesa del Consejo de Ministros.
El ambiente en el nuevo Ejecutivo es radicalmente diferente al de 2019. Sin duda, Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias, ni Sumar es Podemos. De hecho, Díaz, Sira Rego y Ernest Urtasun provienen de IU e Iniciativa per Catalunya, y Mónica García y Pablo Bustinduy se distanciaron de Podemos para acercarse a Iñigo Errejón en 2019. Podemos solo es un recuerdo en Moncloa. De hecho, Sánchez califica el nuevo acuerdo de coalición como una «evolución».
En este escenario político, al presidente y a su nuevo Gobierno de coalición se le acumulan las carpetas, todas conflictivas, con la amnistía como la madre de todos los problemas en este inicio de legislatura. Sánchez quiere agotar los cuatro años, pero es consciente de la fragilidad de la mayoría, que tendrá enfrente a una oposición muy activa que tratará de forzar un adelanto electoral.
Amnistía. Tres frentes se le abren al Gobierno: político, judicial y social. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se encargará de esta carpeta que se jugará en el Congreso, pero también en Bruselas. En Europa, Sánchez cree que ha obtenido una victoria porque la UE dice que Cataluña es un asunto interno de España y su intervención se limitará a estar «atenta» sobre las implicaciones de la ley. Lo dijo ante un europarlamento con solo 80 diputados de los 705 que componen la asamblea. El frente judicial se juega en el ámbito político con la movilización de jueces contra el pacto PSOE-Junts, la polémica sobre la constitucionalidad de la ley y la actitud que tomarán los tribunales, y con el juez García Castellón con sus acusaciones de terrorismo en el caso Tsunami. En el social, el Gobierno acusa a PP y Vox de la crispación en la calle. Las Casas del Pueblo son atacadas y continúa el asedio a Ferraz.
Huelga de Renfe. Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes, ha logrado cerrar la primera carpeta al alcanzar un acuerdo con los sindicatos para desconvocar la huelga contra el traspaso de Cercanías a la Generalitat. El compromiso satisface a los sindicatos y a ERC.
Salario Mínimo. La CEOE abrió la caja de los truenos con una propuesta de incremento del 3%, respondida por el 10% de los sindicatos. Yolanda Díaz ha mantenido una posición deliberadamente ambigua aunque afirmó que se propondrá una subida del SMI que tenga en cuenta la inflación.
Presupuestos. Es el principal objetivo a corto plazo y María Jesús Montero ha dado los primeros pasos con la mirada muy atenta al papel del Senado en su tramitación, porque el PP podría bloquearlos. Se esperan unas cuentas con fuerte contenido social, pero mirando a Bruselas, que exige números más ajustados, lo que augura posibles recortes.
Financiación autonómica. La quita del 20% de la deuda catalana pactada con ERC tuvo la oposición frontal del PP. Ahora el Gobierno quiere minar la unidad del PP porque varias autonomías (Valencia, Murcia y Andalucía) serían muy beneficiadas con la quita. Incluso Madrid, que no tiene deuda del FLA, podría beneficiarse ante los bancos. Es el primer obstáculo, pero el nudo gordiano está en alcanzar un nuevo pacto, que está bloqueado desde 2014.
Economía. Europa pide deberes y más concreción de las medidas fiscales y de gasto, y aunque España tiene una envidiable posición económica en el contexto internacional, la fragilidad de la situación obliga a estar expectante. El empleo crece pero muestra síntomas negativos, los PERTE están dinamizando sectores tradicionales y punteros y las exportaciones no decrecen, pero el contexto internacional no invita a ser demasiado optimista. Y la ministra encargada de gestionar la situación está de salida. Nadia Calviño puede irse en tres semanas y abrirá una mini crisis. José Luís Escrivá suena como sustituto, aunque también David Vegara y una mujer, para mantener la paridad del actual Ejecutivo.
Podemos. Los cinco diputados morados se antojan un dolor de cabeza para Sánchez porque pueden hacer tambalear la mayoría. Las relaciones de Podemos y Sumar están prácticamente rotas, lo que puede implicar que el PSOE mantenga una relación directa con este grupo liderado por Ione Belarra, aunque Puente lo rechaza. Los discursos de esta semana de Belarra y Montero auguran una relación convulsa en lo económico y en las políticas sociales, con Igualdad y Vivienda en el epicentro.
Los socios. Junts y PNV han cerrado filas frente al tándem ERC-Bildu. Dos bloques que mantienen su pugna ante las elecciones vascas y catalanas de 2024. La pugna será palmaria en el ámbito del autogobierno –subirá el tono por el referéndum– y también en lo económico. La pugna derecha-izquierda se reproducirá en el nacionalismo vasco y catalán, y en este punto la presión de Podemos puede provocar más tensión con Junts y PNV.
El verificador. La próxima semana se puede producir el primer encuentro en Ginebra y todo apunta que este papel lo está asumiendo la Fundación Henry Dunant, mediadora en el fin de ETA. Sánchez lo justifica por falta de confianza de las partes, pero la oposición lo usará contra él porque «pone al mismo nivel a España y Cataluña».
El PP. Sánchez quiere tener una interlocución con el PP pero no ha desvelado si llamará y se reunirá con Feijóo. Sobre la mesa, la renovación del CGPJ. De momento, el presidente sigue señalando como agitador de la crispación al PP, al que acusa de verse arrastrado por la extrema derecha.
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