Aina Calvo, la nueva secretaria de Estado de Seguridad, ha emitido una instrucción que, según los sindicatos, contradice la polémica orden que impedía las intervenciones relacionadas con drogas en coches estacionados. La número dos de Fernando Grande-Marlaska advierte que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden practicar las comprobaciones necesarias en bienes y vehículos cuando hay sospechas de que los conductores posean armas blancas o explosivos, según el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Esta circunstancia se incluye dentro de una modificación del protocolo por las armas blancas. La publicación de la anterior recomendación, que versaba sobre el consumo y la tenencia de drogas, se produjo a principios de mayo y generó un gran revuelo y críticas en los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles.

Cabe recordar que la Secretaría de Estado de Seguridad difundió una orden con el objetivo de regular la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los vehículos particulares utilizados "exclusivamente como medios de transporte estacionados". El texto reconocía que el Supremo considera que los vehículos son objetos "que por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares".

Luz verde a policías y guardias civiles

De esta forma, la Secretaría de Estado de Seguridad afirmaba que el "consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas" en un vehículo particular "utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la citada ley".

Ahora, casi dos meses después, Aina Calvo ha corregido este mecanismo dentro de un punto de la modificación del protocolo relativo a las armas blancas. Así, la nueva número dos de Marlaska incluye en esta instrucción que "los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentran facultados para practicar tanto en las personas, como en bienes y vehículos, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas o explosivos, así como sustancias peligrosas u objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención".

Preguntados por esta circunstancia, el sindicato Jupol ha expresado su "preocupación y malestar" por la nueva orden que "viene a contradecir de forma directa lo dispuesto" por Rafael Pérez. En aquella instrucción, el Ministerio del Interior negaba expresamente a los agentes de la Policía Nacional la posibilidad de intervenir en vehículos privados en relación con el consumo y transporte de sustancias estupefacientes, limitando gravemente nuestra capacidad operativa y generando una profunda inseguridad jurídica entre los agentes.

"Una instrucción completamente contradictoria"

Sin embargo, ahora, la nueva Secretaria de Estado emite una "instrucción completamente contradictoria". "Este cambio repentino de criterio por parte del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad no hace más que evidenciar la improvisación constante y la ausencia de una línea clara de actuación en materia de seguridad", lamentan.

Una "falta de coherencia y de rigor normativo no sólo pone en entredicho la labor profesional de los agentes, sino que además genera una gravísima inseguridad jurídica, que impide a los policías nacionales actuar con la claridad y la contundencia necesarias en la lucha contra la delincuencia y la protección de la seguridad ciudadana".

Por ello, desde JUPOL denuncian que esta forma de proceder "compromete seriamente la eficacia policial y deja a los agentes a merced de interpretaciones cambiantes, sin protocolos claros ni respaldo institucional suficiente". Exigen a Marlaska "una rectificación urgente y la elaboración de una instrucción única, coherente, jurídicamente sólida y fruto del diálogo con los representantes de los agentes, que garantice la operatividad de la Policía Nacional y la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios funcionarios policiales".

"La seguridad no puede estar al albur de criterios personales ni cambios políticos. La seguridad ciudadana exige profesionalidad, planificación y respeto por la labor de los agentes. Y eso es precisamente lo que este Ministerio no está ofreciendo", concluyen en declaraciones a LA RAZÓN.