El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha asegurado que las asociaciones convocantes de la huelga del pasado julio no facilitarán al Ministerio de Justicia el "listado verificado" que les reclamó sobre los jueces y fiscales que participaron en el paro porque ello podría conllevarles responsabilidades penales.

"¿Cómo vamos a suministrar al Ministerio el listado de los que participaron en la huelga? Podíamos haber tenido responsabilidades penales si hubiésemos trasladado un listado", ha manifestado Oliva en una entrevista concedida a Europa Press.

Fue el pasado 1 de agosto cuando trascendió que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, había enviado una misiva a las asociaciones de jueces y fiscales que convocaron la huelga del 1, 2 y 3 de julio, instándoles a que aportasen un listado de los profesionales que no trabajaron esos días para deducirles el salario correspondiente.

Oliva considera que la petición es "absurda en términos jurídicos" y ha señalado que desde el comité de huelga no han respondido al Ministerio. En este punto, ha incidido en que "ningún huelguista tiene obligación de informar" si participó o no en una huelga y ha lamentado que Justicia les haya reclamado dichos datos.

Según ha explicado, el comité pidió a los compañeros de ambas carreras que comunicaran --si así lo querían-- si participarían en la huelga con la única intención de tener una "orientación" sobre el seguimiento de la convocatoria. "Una vez finalizada la jornada de huelga, esos correos se eliminaron", ha precisado y ha reiterado que "cualquier otra finalidad" -como la que pretende el Ministerio- podría conllevar "responsabilidades penales" para los organizadores.

Oliva, además, ha recordado que el comité no tiene funciones de "empleador/pagador como parecía desprenderse del texto que publicó el Ministerio". Y ha apuntado que Justicia podía haber descontado el sueldo a los que participaron en la huelga y no lo hizo porque "le salía más a cuento explotar un relato que enfrentarse a la verdad". "Si hay una cosa que ha quedado clara es que en el actual Gobierno son los reyes del relato. (...) No podemos vencer el aparato mediático del Gobierno. Tenemos que abrazar la verdad", ha insistido.

"Estaría bien que la Justicia escuchara nuestras quejas"

Oliva ha lamentado que el equipo de Félix Bolaños no haya fijado aún un calendario de negociación. "El Ministerio no nos llamó en ninguno de los tres días de huelga", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que su deseo es que se produzca algún tipo de contacto para acercar posturas y "mejorar la ley en el trámite parlamentario".

"Entendemos que la ley, como está, tiene sombras. Creemos que estaría bien que Justicia escuchase de manera real nuestras quejas", ha manifestado. A su juicio, la reforma por la que se cambia el acceso a las carreras judicial y fiscal "es en sí mala", aunque ha reconocido que tiene "alguna luz", como el blindaje a las becas de opositores.

Para Oliva, "el punto más negativo" del texto es el proceso de estabilización de unos mil jueces "que van a entrar sin las exigencias fijadas hasta ahora". Considera que ello es "perjudicial no solo para el resto de opositores", sino también para los ciudadanos.

Respecto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha asegurado que ve "perjudicial" que se entregue "mayor poder" a la figura del fiscal general sin contrapeso dentro de la institución, en especial si finalmente las causas penales dejan de estar en manos de los jueces y recaen en los fiscales.

Preguntado sobre si hay algún punto de las reformas en el que estaría dispuesto a ceder, ha optado por no pronunciarse. Oliva ha recordado que el comité de huelga está conformado por varias asociaciones y que de cara a la negociación necesitan ser "una sola voz".

Ha reiterado que su deseo es que el Ministerio se siente con "todas" las asociaciones, incluso con las que no se sumaron a la huelga --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-- para mejorar las reformas.

"No hay jueces suficientes"

Para Oliva, la judicatura acumula varias necesidades "urgentes". "Con un aumento cada año de la litigiosidad, es evidente que no hay el número de jueces suficientes para dar una justicia de calidad y en un tiempo lógico", ha explicado. A su juicio, además de ser un problema para los ciudadanos lo es también "para la salud laboral de 5.500 jueces en España".

Preguntado sobre si "la mayor transformación de la justicia en décadas" que lidera Bolaños ayuda a paliar las necesidades en los juzgados, Oliva se ha mostrado reticente. "Esa transformación supongo que se referirá a la ley de eficiencia, que tiene diferentes tiempos de aplicación y fases de entrada en vigor (...) Lo que se está produciendo ahora es un caos (...) Poco a poco supongo que se va a ir reordenando de manera natural, pero ahora mismo es mayor el caos", ha matizado.

García Ortiz, al borde del banquillo

Oliva a su vez se ha pronunciado sobre el hecho de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, acuda al acto de apertura del año judicial estando procesado por un delito de revelación de secretos. Aunque considera que este escenario no forma parte de la "normalidad", ha recalcado que "desde el punto de vista legal" el jefe del Ministerio Público "mantiene todas sus competencias".

En este sentido, ha subrayado que el procesamiento de García Ortiz "no implica su cese ni la suspensión de funciones", pero considera que "la imagen de la institución se ve dañada cuando quien la encabeza afronta un procedimiento judicial".

Por su parte, Oliva sí enmarca en la "normalidad" el que Bolaños haya presentado una queja ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por el interrogatorio que le practicó en el marco del 'caso Begoña Gómez', así como la queja de la exconsejera Salomé Pradas contra la juez que la investiga en la causa de la dana.

Ha recordado que "toda persona inmersa en un procedimiento judicial tiene la posibilidad de elevar queja ante el CGPJ si entiende que la labor del juez puede ser constitutiva de una infracción disciplinaria". "Esto es muy normal, hay cientos de quejas anuales", ha apuntado; y ha defendido que éstas se tramitan con "profesionalidad". "Tengo plena confianza en el promotor y en el CGPJ", ha añadido.

Lamenta la percepción actual de la Justicia

Sobre la gestión del actual CGPJ en su primer año de andadura, ha celebrado que la presidenta del órgano, Isabel Perelló, defendiera a los jueces en varias ocasiones ante los ataques de políticos o poderes del Estado.

"Ahora bien, en la función más vital, que eran los nombramientos discrecionales, ha sido la crónica de un fracaso o un drama anunciado: el reparto de cromos entre dos asociaciones judiciales", ha dicho, en referencia a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y JJpD. Así, ha denunciado que el "sesgo asociativo" ha "primado por encima del mérito y la capacidad" en más de 100 nombramientos.

Con todo, ha defendido el trabajo de todos los jueces y ha lamentado que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi el 80% de los ciudadanos considere que la justicia no siempre es imparcial en las causas que afectan a partidos políticos.

No obstante, ha reconocido que "esa percepción es absolutamente comprensible". "Si dos partidos llevan 40 años repartiéndose los vocales del CGPJ que nombran a los jueces de los altos tribunales que van a enjuiciar los casos políticos, cómo no van a pensar que puede haber una influencia real o ficticia", ha señalado. Así, ha defendido que "la solución" para acabar con esa "apariencia de falta de independencia" es cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ.