La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) confía en que la ley catalana que crea un cuerpo de Acción Exterior se rija por los principios «de buena fe, respeto al orden constitucional y lealtad institucional».

Esta ley fue aprobada por el Parlament el pasado 7 de mayo, una iniciativa que impulsó el anterior Gobierno catalán de Pere Aragonès (ERC) para dotar a la Generalitat de una plantilla de funcionarios especializados en la acción exterior.

La Asociación de Diplomáticos advierte de que la nueva Ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña atribuye al Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat funciones que, dependiendo de cómo se desarrollen en la práctica, podrían afectar a la competencia exclusiva del Estado que establece el artículo 149 de la Constitución en materia de relaciones internacionales y de emigración, así como a la asistencia consular que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación presta a los ciudadanos españoles en el exterior. Así, señalan que es el caso, por ejemplo, del «establecimiento y el mantenimiento de las relaciones con gobiernos y sus representantes en el exterior, instituciones de la Unión Europea, organismos internacionales»; de «la elaboración, adopción y aplicación de acuerdos de colaboración» (punto 2 b) o de «la definición y aplicación de mecanismos para apoyar a la ciudadanía y a las comunidades catalanas en el exterior» (punto 2 k).

La creación del Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña quedó formalmente oficializada el pasado día 3 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una iniciativa que impulsó el anterior Govern de Pere Aragonès para dotar por primera vez a la comunidad autónoma de una plantilla de funcionarios especializados en este campo.

Se trata de la Ley 6/2025, de 21 de mayo, que modifica la Ley 16/2014 de acción exterior y relaciones con la Unión Europea, y que establece la creación de un cuerpo de funcionarios adscritos al departamento competente en materia de acción exterior y Unión Europea. Con esta publicación, la Generalitat da un paso clave en la consolidación de su proyección internacional y de la gestión especializada de las competencias europeas que buscaba.

El texto, aprobado en el Parlament el pasado 7 de mayo, fue impulsado por ERC y respaldado por PSC-Units, Comuns y la CUP. Junts y Aliança Catalana se abstuvieron y tanto el Partido Popular como Vox votaron en contra.

Disponer de una política exterior propia es una meta ansiada de los independentistas y ahora se ha dado un paso definitivo en su consecución, gracias a un Gobierno central del PSOE y otro socialista en la Generalitat.

Anteriormente se había creado el Diplocat, también con el socialista José Montilla. Tras el levantamiento del artículo 155, en junio de 2018, el nuevo Ejecutivo de Quim Torra no tardó en reactivar delegaciones, el Diplocat y la acción exterior del Govern, e incluso aumentó y consolidó esa red de embajadas.

Para 2023, la Generalitat ya tenía 21 delegaciones en 72 países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea. Al año siguiente, la consejera Meritxell Serret anunció la intención de crear un Cuerpo de Acción Exterior y de la Unión Europea, un grupo de funcionarios especializados para profesionalizar la acción exterior catalana.

También con Serret el Diplocat cambió de nombre por Catalunya Internacional. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional consideró inconstitucional el uso de la terminología «diplomacia pública» al considerar que podía generar confusión, pues la diplomacia es competencia exclusiva de los Estados, y Cataluña no tiene ese rango, por mucho que los independentistas quieran ver lo contrario.