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Puigdemont se atrincherará en Bélgica ante una tercera euroorden, que ya ha llegado a la Fiscalía belga

Su defensa ya trabaja en la respuesta para alargar lo plazos. Fuentes próximas al ex president fugado están convencidas de que el proceso será largo y no será entregado

  • Manifestación en apoyo del ex president catalán fugado Carles Puigdemont
    Manifestación en apoyo del ex president catalán fugado Carles Puigdemont

Tiempo de lectura 4 min.

14 de octubre de 2019. 16:58h

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Ricardo Coarasa 14/10/2019

Carles Puigdemont está preparado para afrontar una tercera euroorden reclamando su entrega a España una vez hecha pública la sentencia del «procés». Y el ex presidente de la Generalitat no está dispuesto a probar suerte en otro país y está decidido, según fuentes de su entorno, a permanecer en Bélgica. «Claro que se va a quedar. Jamás se ha valorado la posibilidad de trasladarse a otro país. Sería demencial y contrario a toda nuestra estrategia», ratifican esas mismas fuentes. Según fuentes de la Fiscalía, la Fiscalía belga ha recibido este lunes la euroorden contra el expresidente catalán que el juez instructor de la causa del proceso independentista, Pablo Llarena, ha decidido reactivar.

De hecho, y tras salir bien parado de las dos euroórdenes anteriores –la primera retirada por el juez Pablo Llarena y la segunda desestimada por defectos de forma– y negarse Alemania a entregarle por el delito de rebelión, el equipo de abogados de Puigdemont ya se ha puesto manos a la obra para intentar frenar la nueva ofensiva judicial para traer a nuestro país al «procesado rebelde», como se refería la Fiscalía al líder independentista en el juicio del «procés».

En los dos últimos meses, la defensa del ex president y del resto de los fugados se han reunido con autoridades nacionales belgas, suizas y escocesas –Fiscalía y Policía, fundamentalmente– para advertirles de la inminente tramitación de una nueva euroorden y ponerles al corriente «sobre la situación personal de cada uno de ellos». Además de Puigdemont, en Bélgica se encuentran los ex consellers Toni Comin, Meritxell Serret y Lluís Puig. A Suiza, donde siguen, huyeron la secretaria general de ERC Marta Rovira y la ex dirigente de la CUP Anna Gabriel. Mientras tanto, en Escocia se encuentra la ex consellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí.

En esos encuentros, los letrados han insistido en que todos ellos están a disposición del tribunal y han facilitado sus datos de contacto para evitar una hipotética medida cautelar de prisión mientras se tramita la euroorden. «Para ellos es inimaginable una situación de fuga. Allí funciona el principio de la buena fe», aseguran las fuentes consultadas.

Lo que sí tiene claro Puigdemont y su entorno es que la OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) se reactivará con la sentencia ya notificada. «Al Supremo no le queda otra –recalcan–. La euroorden la damos por hecha. ¿Como le explicas si no a Estrasburgo que el jefe de la banda está en libertad y los demás condenados y ni le persigues?».

De ahí que las defensas del ex president y el resto de huidos tengan ya «preparada toda la documentación» para responder a los planteamientos que esgrima el juez Llarena invocando los hechos probados y las condenas de la sentencia del «procés». Un fallo que condicionará sin duda la respuesta jurídica para oponerse a la entrega. «Una vez precisado el delito, habrá que ver si se da la doble incriminación». Pero adelantan que la sedición está huérfana de cualquier delito homólogo en cualquier de los tres países a los que se cursarán las euroórdenes: «Los hechos no encajan en ningún precepto de sus legislaciones nacionales».

El resto de su defensa jurídica pivotará sobre tres ejes ya puestos sobre la mesa en anteriores solicitudes de entrega: la supuesta vulneración de derechos fundamentales, de derechos políticos y civiles y la falta de juez imparcial. En esa panoplia documental no faltará la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein que en julio del pasado año consintió en entregar a Puigdemont solo por malversación, al no ver indicios de violencia y del delito de rebelión, lo que llevó al juez Llarena a retirar las OEDE para no asumir un relato de hechos que descafeinaba la dimensión penal de la investigación.

La tramitación, en todo caso, se prevé larga. «Como poco, tardará en resolverse un año en Bélgica y en Escocia». Antes, por tanto, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el último asidero judicial de los líderes independentistas, se pronuncie sobre la batería de denuncias de violación de derechos fundamentales en la causa del «procés».

El ex president y su círculo más próximo dicen no estar preocupados. «Puigdemont está absolutamente tranquilo», apuntan. «No se le va a entregar. Eso seguro. Esta vez Bélgica sí va a entrar en el fondo y rechazará las euroórdenes sin duda».

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