El respaldo del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez se aseguró los votos del independentismo imprescindibles para garantizarse su investidura no afectan a la situación procesal de Carles Puigdemont. Según las fuentes consultadas, la orden nacional de detención y prisión seguirá en vigor pese a la sentencia que declara la medida de gracia conforme a la Carta Magna.

Y es que el Tribunal Supremo (TS) -que se niega a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado el líder independentista- no piensa mover ficha tras el pronunciamiento del TC. Y es que el Supremo no ha excluido ese delito del paraguas de inmunidad de la Ley de Amnistía porque considere que la norma es inconstitucional -en cuyo caso la decisión del TC, al despejar esa controversia, le obligaría a rectificar- sino porque entiende que se trata de una de las excepciones que la propia ley deja fuera de su ámbito de aplicación: los casos de malversación en los que se produzca un enriquecimiento personal de carácter patrimonial.

Aunque los líderes del "procés" no desviaron fondos públicos en su propio beneficio, tanto la Sala de lo Penal del alto tribunal como el magistrado Pablo Llarena, que mantiene abierta la causa penal contra Puigdemont y el resto de los fugados, sí achacan un enriquecimiento patrimonial a los líderes del desafío soberanista en Cataluña, pues defienden que al financiar el "procés" con fondos públicos evitaron costearlo con su propio pecunio.

Junqueras seguirá inhabilitado

Dado que el TC no aborda en su sentencia el delito de malversación, porque el PP no lo planteó abiertamente en su recurso, el Supremo mantendrá su interpretación. Lo que se traduce respecto a Puigdemont en que al seguir vigente la orden nacional de detención contra él, si regresa a España será detenido y conducido ante el juez Llarena, que decidirá si ejecuta o no la orden de prisión.

Pero no solo Puigdemont se ve afectado por esta interpretación del Supremo, pues también el líder de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado hasta el año 2031, seguirá sin poder presentarse como candidato a unas elecciones, pues para ello necesitaría que la Sala Penal dejase sin efecto la sentencia en aplicación de la Ley de Amnistía.

En cuanto a Puigdemont, que ya tiene vía libre para recurrir en amparo la negativa de Llarena a amnistiarle el delito de malversación (una vez la Sala de Apelaciones ha rechazado su incidente de nulidad, el recurso que cierra la vía jurisdiccional y abre la puerta a acudir al Constitucional), tendrá que esperar a que el TC resuelva su demanda de amparo -algo que como pronto se producirá a finales de año- para saber si el Supremo le aplica o no finalmente la amnistía también al delito de malversación.

No obstante, el líder de Junts intentará forzar antes su regreso, pues su defensa tiene previsto solicitar al TC, al presentar su recurso de amparo, que deje sin efecto de manera cautelar esas órdenes de detención y prisión contra él hasta que decida sobre su amparo, para evitar así causarle perjuicios irreparables si finalmente la corte de garantías le da la razón.

Petición de medidas cautelares al TC

En este sentido, si el TC accediese a esa petición Puigdemont podría regresar sin riesgo de ser detenido y terminar en prisión, aunque eso no le garantice que el Constitucional vaya a apreciar la vulneración de derechos fundamentales en la negativa del Supremo a amnistiarle, anulando por tanto esas resoluciones.

Pero al margen del TC, Puigdemont debe estar pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe resolver las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles sobre la adecuación de la Ley de Amnistía al derecho comunitario (entre otras cuestiones, precisamente, por contrarias a las disposiciones europeas sobre la malversación como paradigma de la corrupción política).

De momento, el TJUE ha convocado una vista sobre la amnistía el próximo 15 de julio, en la que abordará la adecuación de la ley a la normativa comunitaria sobre terrorismo y malversación, por lo que previsiblemente se pronunciará sobre la amnistía en otoño (antes por tanto de que el TC resuelva los recursos de amparo). En este sentido, un pronunciamiento de la Justicia europea determinando que la ley es acorde con el derecho comunitario dejaría al Tribunal Supremo ante la tesitura de aplicar la medida de gracia a los condenados y a Puigdemont y el resto de fugados aunque el Constitucional no haya dirimido aún si el alto tribunal ha infringido algún derecho fundamental al negarse a amnistiar el delito de malversación.