Sánchez: más impuestos y Estatut

Reconoce que no podrá publicar la lista de defraudadores y propone una ley que prohíba las amnistías fiscales.

Durante un discurso de 90 minutos, con 50 días de Gobierno a sus espaldas, el presidente Pedro Sánchez compareció ayer por vez primera en el Congreso para esclarecer el eje de su programa. En su exposición quedó patente que el líder del Ejecutivo, que se erigió como el artífice del comienzo de «una nueva era», está encontrando dificultades para cumplir con dos de sus promesas «estrella» en la oposición: la publicación de la lista de defraudadores que se acogió a la ley de la amnistía fiscal, y la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos, ya que aseguró se va a producir, pero no precisó cuándo, a escasos días de que venza el mes de julio en que aseguró tendría lugar. «Su materialización está a falta de los últimos retoques», aseveró.

En cuanto a la revelación de nombres «fraudulentos» explicó que «desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado», y se acogió a la sentencia «durísima» que el TC emitió contra la amnistía, pero que contemplaba la «irretroactividad». No obstante, prometió un anteproyecto de ley, en la que incluirán a los responsables solidarios en casos de evasión, actualizarán la lista de los paraísos fiscales y prohibirán las futuras amnistías. «Un Estado de bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera». Hay que recordar que el anterior Gobierno ya propuso una reforma en esa línea.

Sánchez centró su programa en los siguientes pilares: política de impuestos para el crecimiento económico, empleo, política territorial, proyección europea e igualdad, definiéndose como un «Gobierno feminista sin complejos», y abogó por «reforzar la política de género». Sus medidas económicas se basan principalmente en un aluvión de subidas de impuestos para alcanzar la estabilidad presupuestaria: alzas fiscales a la Banca, a las empresas tecnológicas, exigir un mayor esfuerzo fiscal a los conglomerados de empresas y rediseñar el impuesto de sociedades para que no sea inferior al 15% son los principales receptores del disparo. El Gobierno asimismo tiende la mano a todos los grupos parlamentarios para constituir «un nuevo Pacto de Toledo» y rediseñar la actualización de pensiones conforme al índice de inflación.

Sánchez prevé rebajar el déficit pactado con Bruselas: de un 2,2% inicial a un 2,7% este año, y de un 1,3% a un 1,8% en 2019. Con este margen las comunidades tendrán un margen fiscal de 2.500 millones de euros. A tal fin desveló la fecha para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será este mismo jueves, y en esta reunión se fijará el objetivo de déficit en las regiones para el periodo 2018-2021. El siguiente paso será aprobar en el Consejo de Ministros el techo de gasto para comenzar a elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En clave territorial, Sánchez reafirmó la postura de su gobierno para enfocar la crisis catalana, e insistió en que «dialogar no es ceder, si no hacer política». Dentro de las iniciativas, creará un nuevo Estatuto de Autonomía, que tendrá que ser acordado por las fuerzas políticas pero que no contemplará la autodeterminación. En esta tendida de mano no sólo entra Cataluña, ya que Sánchez acercará a los presos catalanes a las cárceles así como a los presos etarras, y asegura que el Gobierno trabaja en un un nuevo proyecto de diálogo con la sociedad vasca. Porque la réplica del presidente del Ejecutivo a las intervenciones de los grupos parlamentarios estuvo caracterizada por propiciar el entendimiento con los soberanistas que lo apoyaron y lanzar dardos contra el PP y Cs, a los que metió dentro del mismo saco de «política de ultraderecha». La portavoz en el Congreso Adriana Lastra fue más allá y les acusó de mantener un lenguaje de «taberna» y «guerracivilista». No hay mejor defensa que un buen ataque, y tras no aprobarse el lunes en la Cámara la renovación de la cúpula de RTVE por un error de dos diputados en la Cámara, acusó al anterior Gobierno de «intervencionismo y manipulación», situación que pretende revertir con la publicación de un real decreto que permita el nombramiento de un administrador único hasta que se culmine «el proceso de elección de los nuevos consejeros».