Que el Gobierno va a retrasar todo lo posible la salida de Cándido Conde-Pumpido del Tribunal Constitucional –prevista para diciembre– se intuye hasta en el rincón más recóndito del globo terráqueo. El motivo principal: que la Corte de Garantías, desde que está él a los mandos y cuenta con una mayoría progresista de magistrados, se ha convertido en una suerte de tribunal de casación en el que, de forma sistemática, aplica su doctrina 7-4 para corregir resoluciones del Supremo y resolver los recursos (el ejemplo más paradigmático es la amnistía) en favor de Moncloa.

El precedente de lo que ocurrirá con Álvaro García Ortiz es la sentencia de los ERE, anulada en el TC. Fue el propio Pedro Sánchez quien, ayer, desveló cuál es la hoja de ruta que tiene prevista para que no sea el Consejo de Ministros el que tenga que dar luz verde al indulto.

En una declaración ante los medios de comunicación en Johannesburgo, Sudáfrica, tras participar en la cumbre del G-20, afirmó: «Nosotros lamentamos este fallo, lo respetamos, lo acatamos y en una sociedad democrática como la que vivimos hay dos cosas que hacer: la primera, poner en marcha el procedimiento para sustituir y nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y, la segunda, evidentemente hay otras instancias jurisdiccionales donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozcan algunos de los aspectos del contenido de esta sentencia que puedan ser controvertidos».

Unas palabras que no dejan lugar a interpretación alguna. El presidente expresó claramente que su esperanza pasa por Conde-Pumpido, convencido de que será él quien corrija el fallo. Era la primera vez que Sánchez reaccionaba, de forma oficial, a viva voz, a la condena de García Ortiz, que marca un hito en la historia democrática española.

En varias ocasiones, y en línea con lo expresado por sus colegas de gabinete, resaltó su discrepancia: «Ha habido distintos pronunciamientos por parte de miembros del Gobierno de España. Nosotros respetamos las sentencias del Supremo. A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han hecho otros partidos, que vamos a controlar la Sala Segunda del Supremo. Las acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia».

Es más, volvió a erigirse juez y parte de la causa para enmendar al Supremo: «Porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado y porque creo, además, que los testimonios que han dado periodistas acreditados de una dilatada experiencia en información judicial, han manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de supuestas filtraciones que le acusa, precisamente, la pareja de la señora Ayuso».