Sánchez mantiene las ayudas anticrisis pese a la advertencia de Bruselas

El calendario electoral marca la estrategia del Gobierno y la orientación de su agenda legislativa. Incluso si esto supone replantearse los planes que tenían trazados con anterioridad a la decisión de adelantar la cita con las urnas por parte de Pedro Sánchez. El Ejecutivo tiene el BOE de su parte en esta campaña y está dispuesto a utilizarlo hasta el último Consejo de Ministros. Decisiones como la eliminación definitiva de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y farmacias o la prórroga del decreto anticrisis para paliar la inflación vienen marcadas por el clima electoral. El próximo viernes, 30 de junio, vencen algunas de las medidas para tratar de embridar los precios y la intención de Moncloa, hasta que las elecciones se cruzaron en el camino, era levantar las ayudas estructurales.

Esta intención obedecía a que desde hace semanas Bruselas viene recomendando que los Estados empiecen a retirar las medidas que impulsaron indiscriminadamente para reducir el impacto económico de la guerra. Desde el Banco Central Europeo alertan de los riesgos de que los países sigan manteniendo impulsos fiscales generalizados que puedan contribuir a alimentar todavía más la inflación, con el horizonte de que, a partir de 2024, volverán a aplicarse las restricciones que imponen las reglas fiscales europeas. La necesidad de ir reconduciendo las cuentas públicas se vuelve ya acuciante y en el caso de España se cifra en un ajuste de 9.000 millones de euros.

Uno de los principales deberes que pone Bruselas al Gobierno es que retire las medidas de apoyo energético en vigor hasta finales de 2023 y dedique el ahorro obtenido enteramente a reducir el déficit. En el caso de mantener alguna de las medidas, desde la UE apuntan a que deberá estar focalizada y ser fiscalmente sostenible. Con estas cifras en la mano, bastaría con no renovar las rebajas fiscales y la subvención a los combustibles –ahora enfocada al uso profesional– para cumplir con el grueso del recorte de 9.000 millones que se plantea.

Sin embargo, este objetivo choca ahora con el electoralismo, la presión a izquierda y a derecha y el coste reputacional que tendría retirar estos estímulos con el consiguiente impacto en las economías de los hogares en la antesala de las urnas. Por ello, el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto en el que se prorrogarán algunas medidas, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las medidas de apoyo al transporte público, según avanzó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Todavía quedan por cerrar los últimos flecos del decreto y definir lo relativo al descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para uso profesional o las ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos.

En clave energética, el foco se ubica en la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% aplicado a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. También se incluye la rebaja del tipo del IVA aplicado en el recibo del gas natural del 21% al 5%. El 30 de junio finaliza la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, mientras que la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.