Sánchez "miente" descaradamente para justificar la cesión del control de fronteras a los Mossos d'Esquadra

La cesión del control de fronteras a Junts sigue generando polémica allá donde vaya un socialista y más si ese socialista es Pedro Sánchez. Ante la avalancha de críticas por la cesión, que no delegación, de esta competencia del Estado a la Generalitat, el jefe del Ejecutivo quiso salir al paso y lo hizo a su manera, con una afirmación que dista mucho de ser real: "Los Mossos d'Esquadra son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Una aseveración que no coincide con lo que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En su artículo noveno, esta norma establece ya de entrada que "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ejercen sus funciones en todo el territorio nacional", sobra decir que el ámbito competencial de los Mossos se limita a Cataluña. Es más, para evitar error alguno, esta ley determina que las FCSE están integradas por la Policía Nacional, "que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro del Interior", y la Guardia Civil, "que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior, en el desempeño de las funciones que esta Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden". Ni una sola mención a los Mossos o la Ertzaintza, como pretende hacer creer Sánchez a los ciudadanos, ya que ambas son policías autonómicas.

Hay que recordar que ese acuerdo rubricado entre PSOE y Junts contempla la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. ¿Qué significa esto? Básicamente, que la Generalitat gestionará las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada), lo que justificaría que los mossos estén en la frontera. Asimismo, se encargarán de la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas, en coordinación con policías nacionales y guardias civiles. Y, un último apunte, también tendrán competencia para la prevención, persecución y asistencia a las víctimas de trata de explotación de seres humanos.

¿Por qué cobran hasta 10.000 euros más?

Por todo ello, es ahora cuando cobra sentido el acuerdo alcanzado hace una semana entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat, por el que se aprobaba un aumento progresivo de agentes de los Mossos hasta los 25.000 en el año 2030. Cifra que, según el nuevo acuerdo, se incrementará hasta los 26.800. Sin embargo, por mucho que los quehaceres de los agentes catalanes se hayan disparado, según la ley, siguen siendo policías autonómicos y en ningún caso pueden llevar a cabo competencias que corresponden al Estado.

Hay que destacar que las palabras de Sánchez, al comparar a unos agentes con otros, ha provocado gran malestar entre los distintos sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y es que Sánchez se lo ha puesto en bandeja. Porque hay que recordar que mientras la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra sí forman parte del listado de profesiones de riesgo, un reconocimiento que el Gobierno de Sánchez ha negado en innumerables ocasiones a policías y guardias civiles.

Y si todos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por qué el Ejecutivo permite que exista una diferencia salarial entre ellos de entre 8.000 y 10.000 euros al año. Una brecha salarial, en la que policías autonómicas siempre salen ganando. Pero aún hay más. A esto hay que sumar la jubilación anticipada a la que ertzainas y mossos tienen acceso y policías nacionales y guardias civiles, no.

Dimisión de Marlaska

Ahora, la última palabra la tiene el Congreso de los Diputados que deberá respaldar esta suerte de ley orgánica acordada entre el PSOE y Junts. En frente se encontrará con la oposición de PP, Vox, Podemos y algún diputado de Sumar. Un pacto, tildado por muchos de "racista" y "xenófobo", que también tendrá que enfrentarse a los tribunales. Tanto formaciones políticas como sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil ya han anunciado que acudirán a la vía judicial para "frenar" este "despropósito".

Mientras, en la retaguardia, guardando silencio absoluto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El mismo que no tuvo reparos en defender que el control de fronteras era exclusivo del Estado y días después permitiese este nuevo varapalo a los policías nacionales y los guardias civiles. Así, por dignidad y coherencia. Por ser el primer ministro del Interior en democracia que "consiente" un grave ataque a las competencias de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña. Por su incapacidad para "frenar esta nueva embestida del independentismo catalán"... desde todos los sindicatos y asociaciones profesionales exigen su dimisión.