Santos Cerdán moverá ficha en las próximas semanas para salir de Soto del Real. Los abogados del que fuera secretario de Organización del PSOE volverán a reclamar al Tribunal Supremo su libertad apelando, principalmente, a que no hay rastro del cobro de mordidas. La postura del exdirigente socialista choca con la mantenida por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo que le sitúan en la cúspide de esta presunta trama de corrupción con capacidad de hacer desaparecer pruebas determinantes.

Fuentes del entorno del exdiputado socialista confirman a LA RAZÓN que, pese a los duros pronunciamientos del alto tribunal, pedirán que se levante la medida cautelar que adoptó el magistrado Leopoldo Puente el pasado 30 de junio tras interrogarle por su implicación en el procedimiento. Para ello alegarán que no hay indicios tales como para mantenerle la prisión provisional, que no percibió las mordidas que se le atribuyen por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública en varios puntos de España y que su imputación responde más a motivos políticos que penales.

La defensa de Cerdán -que ejercen de manera de conjunta Benet Salellas y Jacobo Teijelo- aguarda también a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo interpuesto hace un mes contra la cárcel de Cerdán. Los penalistas alegaron en su escrito que se habían vulnerado sus derechos de defensa y de libertad, entre otros, y que la medida acordada estaba "huérfana de motivación" puesto que no se especificaban los motivos concretos por los que sospechan que podría destruir pruebas.

El TC resolverá su recurso en septiembre

Al respecto, fuentes del tribunal de garantías consultadas por LA RAZÓN precisan que se resolverá sobre el recurso de amparo en septiembre, dándole de esta forma el mismo tratamiento que al resto de recursos de esta índole. Así pues se espera que la propuesta sobre su admisión a trámite, que ha recaído en el magistrado José María Macías, se conozca el próximo mes.

Todo apunta a que este pronunciamiento se producirá en paralelo a la nueva petición de los abogados de Cerdán. Con todo, las fuentes consultadas precisan que también solicitarán nuevas diligencias, entre ellas la citación de nuevos testigos y copia de las actuaciones del caso Koldo que se siguen en la Audiencia Nacional. El exdirigente socialista pone el foco en los más de 170 dispositivos incautados en los registros de febrero de 2014 a una decena de personas, entre ellos Koldo García y Víctor de Aldama.

Cabe recordar que el caso Koldo arrancó en la Audiencia Nacional por el pelotazo de los contratos en pandemia, si bien, tras la aparición de indicios contra José Luis Ábalos, se derivó la parte relativa al exministro de Fomento, por tratarse de un aforado. Sin embargo, el que fuera "número tres" del PSOE quiere acceder al sumario íntegro, incluidos los audios que custodia la Audiencia.

"La dirección de una organización criminal"

En ese sentido, volverá a negar la veracidad de las grabaciones analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que se le atribuye el cobro de importantes comisiones a cambio de influir en las millonarias adjudicaciones de obra pública provenientes primero del Gobierno de Navarra y, desde 2018, del Ministerio que controlaba Ábalos.

Preguntado por ello en su interrogatorio en sede judicial, Cerdán negó reconocerse en los audios, aunque tanto para el juez como para la Fiscalía Anticorrupción, constituyen indicios potentes que le sitúan en la dirección de esta presunta organización criminal. Se trata de grabaciones que efectuó Koldo García y que ocultó en su domicilio durante años a modo de "garantía" en caso de que estas actuaciones acabaran bajo el foco de un juez.

En uno de ellos, incluso Koldo trasladó a su entonces jefe, Ábalos que Cerdán le debía "cuatrocientos cincuenta mil euros". "Y a mi me debe ciento treinta más otros cien", le dijo. Del mismo modo, en otra conversación mantenida entre ambos en abril de 2019, el exasesor ministerial le confesó que necesitaba metálico. "Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él", expuso, en referencia a Cerdán.

Tras el rastro de las mordidas

El magistrado Puente acordó su prisión ante el riesgo de que destruyera fuentes de prueba clave para esta investigación. Del mismo modo, apeló a sus vínculos con Servinabar (la empresa clave que se adjudicó millonarios contratos en UTE con Acciona), y con el dueño de esta mercantil, Antxon Alonso, a quien le encontraron un documento en el registro de su domicilio por el que Cerdán le habría adquirido casi la mitad de acciones de esta estratégica compañía. Además, recordó sus maniobras para controlar los nombramientos de altos cargos de Transportes, en aras a mantener la presunta dinámica delictiva que arrancó en 2014 en Navarra.

Cerdán recurrió su ingreso en prisión, pero el juez la confirmó y la Fiscalía Anticorrupción añadió, además, que se habría valido de sus cargos públicos y en el PSOE para cometer "graves delitos". El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le situó en la cúspide de un "eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala" y advirtió que las mordidas que se habrían repartido por los contratos licitados en su mayoría por la Dirección General de Carreteras, superaría, de lejos, el millón de euros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó el 23 de julio el criterio del juez y de Anticorrupción en un duro auto en el que expuso que solo Cerdán sabe cómo se repartieron las comisiones derivadas del amaño de obra pública y "el camino que siguieron" hasta sus beneficiarios. Precisamente, seguir el rastro de las comisiones que habrían abonado las empresas adjudicatarias se ha convertido en el objetivo clave de los investigadores, quienes sostienen que la cuantía amasada de manera irregular podría ascender incluso a los 4 millones de euros.

Sin embargo, Cerdán seguirá defendiendo que no percibió comisiones en "b" y que su interés por las licitaciones fue meramente político. Del mismo modo, en lo que respecta al documento sobre la compra del 45% de Servinabar, el exsecretario de Organización del PSOE asegura que fue un contrato privado que firmó en un momento malo de su carrera política pero que carece de validez jurídica porque a los días se arrepintió y así se lo trasladó a su amigo Antxon Alonso.