Una ampliación de denuncia de PSOE y Más Madrid frustra el pacto del novio de Ayuso con la Fiscalía

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, no ha declarado hoy finalmente como investigado por fraude fiscal en los juzgados de Plaza de Castilla. La juez que instruye la causa, María Inmaculada Iglesias, ha acordado la suspensión del interrogatorio al empresario y a otros tres imputados después de que las acusaciones que ejercen el PSOE y Más Madrid haya presentado in extremis un informe de medio centenar de folios ampliando los hechos denunciados a la posible comisión de delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios, y delito contable.

La ampliación de la denuncia, según las fuentes consultadas, ha frustrado un más que posible acuerdo de conformidad con las defensas de los acusados a cambio de reconocer el fraude fiscal, un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que incluía, según esas mismas fuentes, una condena de ocho meses de prisión a González Amador, una multa de 138.380,56 euros (el 40% de las cuotas defraudadas) y la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante 18 meses. Ese acuerdo incluye también el archivo para dos de los investigados y una condena de seis meses y 30 días de cárcel para Maximiliano E. N. y otra de dos meses y 15 días de prisión para David H. L. por un delito fiscal, sustituible por una multa de 2.400 euros.

Fuentes de las defensas han asegurado a LA RAZÓN que las acusaciones de PSOE y Más Madrid han actuado "de mala fe" al presentar su ampliación de denuncia in extremis pese a que están ya personados "desde hace tiempo".

La instructora, tras solicitar su opinión a los abogados de los investigados -que según fuentes jurídicas se han mostrado conformes con el aplazamiento- ha decidido suspender la diligencia para no causarles indefensión y darles tiempo así para estudiar ese escrito de la acusación y presentar alegaciones.

Según fuentes jurídicas, lo previsible es que la citación de González Amador y los otros tres investigados (un cuarto no ha podido ser localizado hasta el momento) se traslade ya al mes de septiembre.

Ricardo Corzo, abogado de los tres imputados que han comparecido hoy en los juzgados, después de que la instructora se mostrase renuente a que declarasen por videoconferencia, ha asegurado que "al ampliarse la denuncia, se generaría indefensión si mis clientes hubiesen declarado sin conocer el contenido de ese escrito". "No sabíamos nada", ha asegurado el letrado, que ha explicado que "una hora antes del comienzo de la comparecencia la acusación ha presentado un escrito para ampliar los hechos denunciados", una pretensión sobre la que también tendrá que pronunciarse la Fiscalía.

Querella contra dos fiscales por revelación de secretos

La magistrada investiga a González Amador y a otras cuatro personas por dos delitos fiscales y falsedad en documento mercantil por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros en su tributación del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 tras una querella interpuesta por la Fiscalía. La publicación de una nota pública, por parte del Ministerio Público, aireando los detalles de la negociación con la defensa del empresario para llegar a un acuerdo de conformidad a cambio de que este reconociera el fraude fiscal provocó que González Amador se querellara a su vez por revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, una denuncia que ha situado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde de ser investigado por el Tribunal Supremo (TS) después de que asumiera que dio la orden de publicar ese comunicado y de que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, así lo ratificara ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el procedimiento, Francisco José Goyena.

En la resolución en la que acordó abrir diligencias para investigar la denuncia de la Fiscalía, la instructora atribuye a González Amador "comportamientos mendaces" para "reducir e incluso neutralizar íntegramente" la tributación del Impuesto de Sociedades "ante la perspectiva de ver incrementada su tributación", después de que la Agencia Tributaria señalase en un informe que recurrió a facturas que "no se corresponden con los servicios realmente prestados".

De esta forma, mantenía la magistrada, el empresario dejó de ingresar 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y otros 195.951 en el ejercicio siguiente -en total, 350.951 euros-, cuantías que superan en ambos casos los 120.000 euros, la barrera que delimita la existencia de delito fiscal.

Denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene en su denuncia que González Amador, "conocedor de sus obligaciones tributarias", presentó "de forma consciente y voluntaria" autoliquidaciones "no veraces" del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

Según el Ministerio Público, Maxwell Cremona Ingeniería, la empresa de la que González Amador es administrador único, "con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado" en 2020 y 2021, "llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados", que fueron giradas por las sociedades MKE Manufacturing, Gayani LTD, Purpura Star, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo, Desarrollo de CEE El Manantial, Bianconera Spa y Ginmosur.

Por ejemplo, apunta que en 2020 se dedujo una factura de 620.000 euros emitida por la sociedad mejicana Mke Manufacturing, vinculada al también investigado Maximiliano Eduardo Niederer, pese a que esa empresa "no realizó ningún servicio o trabajo" que lo justificara. Del mismo modo, recela de otras 14 facturas en el ejercicio siguiente de entre diez mil y 21.200 euros.

La Fiscalía señala que González Amador facturó algunos servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de la empresa Masterman & Whitaker, una sociedad que "carece de medios materiales para prestar esos servicios", que en realidad se habrían prestaban a través de Maxwell Cremona, persiguiendo de esta forma "un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman & Whitaker a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener".