La trama extiende la sospecha del cobro en efectivo a Sánchez

Los implicados en la trama del «caso Koldo» extienden la sospecha del pago de dinero en efectivo, correspondiente a los gastos de representación, a toda la ejecutiva del PSOE, incluido el secretario general, Pedro Sánchez.

Según ha sabido LA RAZÓN por fuentes conocedoras del caso, de ese sistema se valieron «todos los que tuvieran entidad [dentro de la organización]», lo que refleja un más que probable criterio discrecional a la hora de establecer qué gastos se cubrían y a quiénes se les autorizaba. «Aquí parece que solo han cobrado dos personas los gastos. Pero si se le decía a alguien que fuera a comer con quien fuera… Pues iba. Y no, claro que no se le hacía pagar de su bolsillo», explican estas fuentes.

Desde que trascendió el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos –en el que se constata que Ferraz pagó en efectivo los gastos de representación durante años– los socialistas, para defenderse, han explicado que todos sus ingresos están perfectamente justificados y que ese dinero no supone vía alguna de financiación irregular.

No obstante, desde el entorno de los investigados apremian a su partido a explicar a todos los españoles cómo se nutría la caja con la que se sufragaban los gastos de representación; algo que el informe de la Guardia Civil no entra a analizar. Los socialistas reiteran que ese dinero procede de las propias cuentas fiscalizadas del partido, de las que se retiraba el efectivo con el que luego se cubría a quienes incurrieron en estos gastos de representación.

Por eso, la portavoz del Ejecutivo, la ministra Pilar Alegría, defendió el martes, en la sala de prensa de Moncloa, el uso de efectivo, que, dijo, «no es ilegal ni irregular ni se hace solo en el PSOE». Alegría insistió en la legalidad de las operaciones de pago desveladas por el Instituto Armado. Es más, para el Gobierno, y para el propio presidente, el informe de marras probaría que no hay financiación ilegal del PSOE. Aunque, en verdad, no entra a valorarlo. La UCO ni confirma ni desmiente que la haya, porque, en verdad, no ha investigado si el origen del dinero con el que Ferraz sufragó los gastos de representación de sus cargos es legal u opaco.

La unidad de la Guardia Civil, a la que se aferró el presidente en la sesión de control en el Congreso, se limita a explicar que hay unos ingresos pertenecientes a José Luis Ábalos, y a su exasistente Koldo García, que son de origen desconocido.

Es decir, que hay una parte de su patrimonio –alrededor de 100.000 euros– que no se sabe de dónde procede. El sistema de pago en efectivo para cubrir los gastos de representación, según las fuentes consultadas, es competencia directa de la gerencia del partido, que desde junio de 2017 a octubre de 2021 estuvo dirigida por Mariano Moreno, actual presidente de la empresa pública Enusa, en la que, por cierto, trabajó la exmilitante socialista Leire Díez como responsable de prensa.

De manera que Moreno fue, nada más llegar Sánchez a la secretaría general por segunda vez, el responsable económico y financiero del PSOE; manejó en torno a 70 millones de presupuesto, según explica él mismo en su perfil de «LinkedIn». Fue, además, el encargado de diferentes departamentos de la organización: recursos humanos, seguridad, administración y finanzas, compras, sistemas, servicios generales.

Es más, Mariano Moreno administró económicamente todas las campañas electorales de los socialistas del año 2019 y fue el responsable de la gestión patrimonial del PSOE. De manera que es el más indicado para explicar cómo se nutría la caja con la que el partido pagaba los gastos de representación de los suyos.

Durante buena parte de la etapa de Ábalos como secretario de Organización, desde 2017 hasta julio de 2021, y con Moreno en la gerencia, el cobro en metálico fue el sistema imperante. El PSOE lo cambió ya en el primer semestre de 2021 y empezó a remitir algunos gastos vía transferencia bancaria. Ese año, precisamente, fue una revolución en la organización, que vivió una renovación sin precedentes de algunos de sus rostros más relevantes en el aparato.

Sánchez catapultó a Santos Cerdán a la secretaría de Organización nada más cesar a Ábalos y, meses después, en octubre, apartó a Moreno de la gerencia para situar en ella a Ana María Fuentes, la actual responsable. Con ella al frente, el partido cambió el control de gastos de representación. Por entonces, ya circulaba por el partido un incesante «runrún» sobre la elevada cantidad de dinero que Ábalos gastaba en cumplimiento de sus funciones como responsable de la vida orgánica de Ferraz.

Para esa época, además de las transferencias, ya era necesario adjuntar un justificante del pago con medios propios antes de que el partido procediera al ingreso, lo que se ha venido llamando «doble verificación».

Pero el sistema volvió a cambiar en 2023 con el visto bueno de Cerdán. De hecho, como contó este diario, el también ex secretario de Organización, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, canalizó al menos 84 pagos entre mediados de 2017 y 2024 –coincidiendo con la recuperación del liderazgo en el PSOE de Pedro Sánchez. En 2024 estalló el «caso Koldo». Se trata, en definitiva, de los mismos abonos en metálico que efectuó la formación, correspondientes a liquidaciones de gastos como las que percibieron, en sobres con el logo del PSOE, Ábalos y Koldo.

Sánchez, mientras tanto, sigue bajo asedio. El PP desveló ayer que le citará como compareciente en el Senado, en la comisión de investigación del «caso Koldo», para que explique estos pagos de su partido. El Gobierno asegura que acudirá «con toda normalidad», según dijo el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López. El líder socialista continúa respondiendo a cada ataque del PP con su habitual desdén. Ayer, nada más enterarse de que le llamarían a la Cámara Alta, espetó: «Ánimo, Alberto». A su lado solo se escucharon risas.