De la UCO al PP y los jueces: las dianas de la «fontanera» del PSOE

Esta pasada semana toda España ha conocido lo que el entorno del presidente del Gobierno y la dirección del PSOE no quería que fuera conocido por nadie más allá de las paredes de Ferraz.

Las sospechas o rumores que durante meses venían aparecieron de que se estarían llevando a cabo maniobras ocultas y veladas contra jueces, fiscales y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eran una realidad.

Se ha desvelado hasta que detrás del intento de socavar al Poder Judicial como contrapeso del Ejecutivo estaba el rostro humano de Leire Díez Castro.

Periodista de formación, conocida por haber ocupado puestos en empresas públicas como Enusa o Correos, gracias a ser militante socialista, y, como se ha visto, «fontanera» política de profesión.

Esta mujer habría hecho el «trabajo sucio» de buscar informaciones que comprometiesen a policías y jueces incómodos para Presidencia y, por ende, para su formación política.

Según un empresario que aparece junto a ella en los audios difundidos, la operación estaría comandada por el propio Pedro Sánchez, con quien Díez presumía de «tener línea directa», y con adscripción orgánica a la secretaría de organización del PSOE.

Como reveló LA RAZÓN, hace más de un año, tras los días de reflexión de Sánchez, se puso manos a la obra para hallar «datos» de los jueces que investigan al entorno familiar de su líder.

Contra Juan Carlos Peinado, que instruye el «caso Begoña Gómez», logró, que un exministro chavista –al que este juez investigó por corrupción en su gestión de la petrolera nacional venezolana– le señalase como su perseguidor judicial en la comisión por la «Operación Cataluña» del Congreso.

Así lo vincularía a las supuestas cloacas del último Gobierno del PP en un intento de desacreditarlo y atribuirle un cariz político a la causa. A cambio, se le prometió ayudarle ante la Justicia.

También, tal y como publicó este diario, la presunta emisaria para asuntos extraoficiales del partido del poder contactó con una decena de empresarios, imputados por un fraude millonario al fisco, tras comenzar el caso contra el hermano del presidente.

Buscó «trapos sucios» y «hechos corruptos» de jueces y fiscales Badajoz para intentar hacerles saber –como ella mismo dijo en un encuentro– que «con la familia no se juega».

No se salvaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en lo que se intuye que era una previsión de por dónde iría el procedimiento contra el «hermanísimo» por su aterrizaje en la Diputación pacense.

La lista la completan el mando principal del que dependía la investigación policial de estos dos casos, así como el que estalló antes, en febrero de 2024.

El «caso Koldo» en el que ha acabado implicado, precisamente, al anterior «número tres» del PSOE y que un día fue el hombre de confianza de Sánchez en el Consejo de Ministros.

Al teniente coronel Antonio Balas, lo quería «muerto», como reveló «El Confidencial», y para este fin utilizaría información comprometedora de la «camorra» de la Benemérita.

Creyó que se la podría dar Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos (distinto a la famosa «trama del fuel»).

Si él le daba a Díez material para atacar a los agentes de esta Policía Judicial, ella le facilitaría un beneficioso acuerdo con la Fiscalía.

Para ello también habría contado, como adelantó «El Mundo», con el comandante implicado en la «trama Koldo», Rubén Villalba, al que, por haber sido agregado de Interior en Venezuela, se le presupone conocimientos sobre la unidad a la que tenía enfilada la fontanera.

Si había información que señalase comportamientos censurables de los agentes o su jefe Balas, él saldría lo mejor posible en esta causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional y se le recuperaría destinándole a una embajada.

También a un exagente de la UCO Juan Antonio Bonilla, de los primeros en investigar el entramado de cobro de comisiones y al que, apunta «Okdiario», se intentó vincular con una conspiración del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso que estaría detrás de la investigación.

Sus sondeos también llegaron hasta la Fiscalía, concretamente a Anticorrupción. Como publicó «El Español», ofreció a varios medios de comunicación un vídeo sexual del fiscal José Grinda, número dos de Alejandro Luzón.

Le trasladaron también el ofrecimiento de cobrar una gran cantidad de dinero y frenar una causa en su contra, si cerraba casos que afectaban a miembros de este operativo en la sombra y hasta el «caso Pujol». Grinda denunció este intento de extorsión ante su superior.

En Hamlyn también intentó encontrar algo sensible, que «no sea lo que ya sabía» sobre este miembro del Ministerio Fiscal.

A la lista de víctimas se unen rivales políticos, como el presidente andaluz Juanma Moreno, como desveló este periódico.

Díez publicó en los días de reflexión de Sánchez una foto con él y la frase : «A la mafia se la combate. Y la combatiremos». Ella, en efecto, acabó utilizando técnicas mafiosas contra los que las combaten.