Siete vocales del Consejo Fiscal, seis de ellos pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y una a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han reclamado por escrito la suspensión del Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la carrera, previsto para el próximo día 20 porque consideran "totalmente inoportuna" su celebración a solo dos semanas de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo del Tribunal Supremo (TS), a partir del 3 de noviembre, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

Los consejeros de la AF no entienden que ese Consejo Fiscal tenga que celebrarse con García Ortiz presidiéndolo "en vísperas de ser enjuiciado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un hecho delictivo en el ejercicio de su cargo", apunta en un comunicado la asociación que preside Cristina Dexeus.

En el escrito remitido a la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, los seis vocales de la AF -Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Mas, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde- exponen que "no puede obviarse la situación procesal del fiscal general del Estado y su incidencia en la actuación del Consejo Fiscal".

García Ortiz se ha negado a dimitir en reiteradas ocasiones (con motivo de su imputación, tras su procesamiento y, también, cuando el Supremo le abrió juicio oral) y ha insistido en seguir desempeñando sus funciones pese a su situación procesal, por lo que será juzgado en el ejercicio del cargo, un hecho inédito en la historia de la institución.

Quince nombramientos sobre la mesa

De esta forma reiteran la petición que ya efectuaron de cara al Consejo Fiscal que se celebró el pasado 18 de septiembre, aunque ahora consideran que la situación es más acuciante. "Si entonces se había declarado conclusa la fase de instrucción y acordado la apertura de juicio oral", recuerdan, en esta ocasión el Pleno se ha convocado "solo dos semanas antes del comienzo del juicio", en el que García Ortiz se expone a una posible condena de hasta seis años de prisión.

Según ponen de relieve los vocales, reiteran que "la posición procesal del fiscal general del Estado está llevando a un progresivo y alarmante deterioro de la percepción ciudadana del Ministerio Público". Algo que, subrayan, han defendido desde que en octubre del pasado año García Ortiz les trasladó "su decisión de seguir ejerciendo sus responsabilidades".

"Dada su condición de presidente del Consejo Fiscal -puntualizan- el órgano al que pertenecemos no es ajeno a este quebranto cuando, ante la inminencia de la celebración del juicio". Y es que, recuerdan, el Pleno sigue desempeñando sus funciones "de asesoramiento y asistencia" del propio fiscal general, y en su próxima reunión, por ejemplo, debe abordar "la propuesta de nombramiento de quince plazas discrecionales".

Es por ello, concluyen, que solicitan nuevamente, para dejar a salvo "la prudencia y salvaguarda de los órganos del Ministerio Fiscal", la suspensión de la reunión del próximo lunes. Con el propósito, añaden, de que "el ejercicio de estas funciones y la consideración pública del órgano de representación de la carrera queden preservados del perjuicio que se viene irrogando a la institución".

La vocal de APIF: "Nos sonroja"

Una petición de suspensión que también respalda la vocal Teresa Gálvez, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que califica la convocatoria de este Consejo Fiscal de "insólita e irregular" y de la que dice que "nos sonroja como fiscales y compromete sobremanera el ejercicio legítimo de nuestras funciones y el cómo se nos percibe por la ciudadanía, confundida con este espectáculo".

"Un nuevo Consejo Fiscal, en un clima de normalidad ficticia, erosiona aún más la institución", asegura en un comunicado. "En esta nueva convocatoria se pide el asesoramiento leal del Consejo Fiscal a un fiscal general del Estado acusado y refugiado en la institución".

Y en este contexto, deja claro, "no creemos que deba demandarse cohesión interna en defensa de la Fiscalía General del Estado". "El principio de igualdad ante la ley no tolera que una institución se ponga del lado de un investigado, solo por el hecho de que este sea el jefe de la misma y más si cabe en el caso del Ministerio Fiscal".

40 testigos en seis jornadas

El fiscal general será juzgado en el Tribunal Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre en seis jornadas (los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13) en sesiones de mañana y tarde. El tribunal estará presidido por Andrés Martínez Arrieta, a su vez presidente de la Sala Penal, que estará acompañado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Susana Polo (que será la encargada de redactar la sentencia) y Carmen Lamela.

En la vista está previsto que declaren 40 testigos, entre ellos ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía, doce periodistas, once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), cuatro políticos, dos abogados, y el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso y cuyo correo admitiendo el fraude fiscal que se le atribuye supuestamente filtró el máximo representante del Ministerio Público el 13 de marzo del pasado año.

García Ortiz declarará, como había solicitado a la Sala, en último lugar.