El voto del presidente del CGPJ tumba una propuesta para rechazar las comisiones de investigación del Congreso

El voto de calidad del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha impedido que saliera adelante una declaración de rechazo contra las comisiones parlamentarias de investigación, a las que el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno, y también contra las recientes declaraciones de autoridades del Gobierno, como el propio presidente Pedro Sánchez, confirmando la existencia de "lawfare" o instrumentalización de los órganos jurisdiccionales con fines políticos.

El texto lo propusieron Ángeles Carmona, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, se debatió en la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y se rechazó. En su lugar, se ha aprobado reiterar la declaración del pasado 9 de noviembre, recalcando que el CGPJ seguirá "vigilante" frente a estos acontecimientos y se ha acordado la emisión de un voto particular por parte de quienes promovieron una declaración más contundente.

La propuesta de los tres vocales conservadores, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, aludía a las comisiones sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, cuyo fin es esclarecer las supuestas "responsabilidades políticas de cualquier índole", y sobre la denominada "operación Cataluña", que supuestamente se habría diseñado con el fin de desacreditar a los políticos independentistas. El objetivo, según el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, sería la detección de casos de "lawfare" o de utilización de los órganos jurisdiccionales con fines políticos. En el pacto entre ambos partidos se indica que las conclusiones pueden tener "consecuencias" que "puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

En la declaración que propusieron los tres vocales se indicaba con esta iniciativa se pretende "generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal - penal, civil o disciplinaria - sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley".

Los vocales abogaban por una respuesta más contundente y consideraban, tal como expresaba el texto que llevaron a la Permanente, que este era "el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo", recordando que se trata de un órgano creado por la Constitución Española para garantizar la independencia del Poder Judicial. En la propuesta también se reconocía que la propia Constitución permite el nombramiento de comisiones parlamentarias de investigación para cualquier asunto de interés público, pero recordaban que estas debían limitarse a sus competencias: control de la acción del gobierno.

En consecuencia, señalan "su instrumentalización por la mayoría parlamentaria para controlar al Poder Judicial", entendido como "todos y cada uno de los jueces y tribunales" es "sectaria, impropia y espuria", en alusión a unas declaraciones del presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, en diversos foros públicos y medios de comunicación, donde "ha llamado a rebelarse a los jueces que sean llamados por esas Comisiones", tal como señaló en el último congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

También se mencionaban las declaraciones de Carles Puigdemont en las que indicaba que la inclusión del término "lawfare" en el pacto con PSOE "es como la cabeza de caballo en El Padrino: es una advertencia de que hablamos en serio" y las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que confirmaban la supuesta instrumentalización de los tribunales para objetivos políticos.

"Todo este conjunto de declaraciones, la creación de las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados" que, tal como indica la declaración rechazada, "se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente Código Penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española".

En la declaración propuesta se aludía también lo declarado el 9 de noviembre por la propia Comisión Permanente, que estaba alineada con lo manifestado por unanimidad por las distintas asociaciones judiciales, en las que se "expresó públicamente su repudio al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación".