Reacción

Yolanda Díaz se desmarca del plan del Gobierno para amarrar a Junts con la amnistía

La vicepresidenta cree que la posible reforma de la Lecrim "no va en la dirección correcta"

En el Ejecutivo no hay garantías ya de que la última oferta a Junts para conseguir amarrar el voto de sus siete diputados a la ley de amnistía consiga el efecto deseado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) este mismo lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo. Una medida, que, sin embargo, el Ejecutivo empezó a minimizar tan solo un día después, reconociendo la dificultad para hacer equilibrios entre el tiempo real que necesitan los jueces para instruir sus casos. A la vez, en el Ejecutivo, como ya informó este diario ayer, comenzaba a cundir en el desánimo ante la posibilidad de que Junts decida truncar la amnistía, un mensaje que –a su vez–mandaban para tratar de acercar al expresident Carles Puigdemont a la negociación.

La amnistía centra todos los focos políticos y mediáticos y los principales protagonistas son el PSOE y Junts. Todo ello en detrimento de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que, si bien, al principio del debate de la amnistía logró impulso con una reunión con Carles Puigdemont en Waterloo y, también, proponiendo un dictamen sobre la ley de amnistía para desarrollar después la ley. Sin embargo, durante toda la tramitación de la ley de amnistía, la voz de Sumar ha estado totalmente ausente. En las negociaciones no ha participado la formación de Yolanda Díaz y tampoco ha sido conocedora de las cartas que ha jugado el PSOE, su socio de Gobierno en Moncloa, para tratar de convencer a Junts.

Tanto es así que, la vicepresidenta se vio obligada este miércoles a reconocer ante los medios de comunicación que desconocía la propuesta que el PSOE había ofrecido a Junts. «Sumar desconoce la propuesta exacta que se está negociando», advirtió en declaraciones a los medios. «Por lo que conocemos por los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener», dijo. Según la vicepresidenta, la propuesta dirigida a reducir los tiempos de instrucción de los jueces genera dudas. «Hay procesos que son muy complejos que necesitan unos ritmos, unos tiempos, que requieren de cierta prudencia», pidió.

Díaz reconoció también que no había hablado todavía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta propuesta, aunque prometió hacerlo más adelante. Justificó su desconocimiento en que acababa de volver «de un viaje internacional», después de estar en México y después acudir a su audiencia en el Vaticano con el Papa Francisco.

La vicepresidenta toma ahora un nuevo rumbo y corrige la posición de su propio partido. Lo hace tan solo dos días después de que su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, diera el visto bueno a la propuesta del presidente del Gobierno. Se descuelga ahora, después de que lo haya hecho Esquerra Republicana, quien también la apoyó en un primer momento. Este mismo martes, fuentes de la coalición Sumar en el Congreso expresaron su escepticismo en relación a los efectos que puede tener corregir la Ley de Enjuiciamiento Criminal para convencer a Junts. En el espacio explican que todos los asuntos referentes a la amnistía comienzan a agotar a la ciudadanía al prolongar un debate mientras que no se inciden en propuestas sociales. Y es que Sumar se presentó en campaña electoral prometiendo que sería la legislatura de los avances sociales y debates parlamentarios en los que se recogerían las preocupaciones de la mayoría de la población. Ahora, en Sumar hay cierta sensación de desesperación al ver que la actualidad y la amnistía está jugando en su contra.

Sumar ha evitado hasta ahora un desgaste excesivo con la ley de amnistía y se ha mantenido al margen después de que fueran quienes dieran los primeros pasos defendiendo la propia ley de amnistía. Ahora apuestan por optar la prudencia ante las dudas expresadas incluso en Moncloa sobre que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal salga adelante por su «complejidad» y ante el «no» de primeras de los socios parlamentarios.