El dinero amasado con el narcotráfico servirá ahora para combatir sus peores consecuencias. Esta es la premisa que impulsa la liquidación del vasto patrimonio de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco. La gestión de los fondos recaudados correrá a cargo del Plan Nacional sobre Drogas, que destinará íntegramente los beneficios a programas de prevención y asistencia a toxicómanos. Se cierra así un círculo perverso con una suerte de justicia poética: la riqueza ilícita que tanto daño causó a la sociedad revertirá en ella para sanar sus heridas.

De hecho, la subasta de estos bienes es la victoria final en una batalla judicial que se ha prolongado durante dieciséis años. Supone un golpe definitivo al entramado económico que sustentó durante décadas las operaciones del histórico narcotraficante gallego. La venta pública no solo tiene un valor económico, sino que representa un poderoso mensaje simbólico contra el crimen organizado y la impunidad con la que operó en el pasado.

Para entender el alcance de la operación, hay que remontarse al año 2009, cuando la operación «Suntuaria» se propuso desenredar la madeja patrimonial que Miñanco, junto a su exmujer, una de sus hijas y un socio, había tejido desde 1985. El objetivo de los investigadores era demostrar cómo los ingentes beneficios de la droga se blanqueaban mediante la compra de inmuebles, una compleja red de blanqueo.

El patrimonio del narco, a subasta pública

Así pues, el catálogo de activos que ahora busca dueño es un reflejo de la envergadura de su imperio. La lista, gestionada a través de un portal especializado, incluye un total de veintiuna fincas rústicas y urbanas, un chalé de lujo en Sanxenxo (Pontevedra), una vivienda unifamiliar y un bajo comercial. Todos estos bienes, que estaban a nombre de su círculo más cercano para eludir a la justicia, salen finalmente al mercado.

En definitiva, esta liquidación supone la culminación de un largo proceso policial y judicial que pone fin a una de las épocas más oscuras del narcotráfico en España. La venta de estas propiedades no solo desmantela la estructura económica del clan, sino que garantiza que los activos obtenidos de manera delictiva contribuyan a reparar parte del perjuicio social que generaron durante años.