Investigadas tres personas por la contratación ilegal de temporeros en Lugo

La Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), ha puesto en marcha la Operación Anavia para desmantelar una red de explotación laboral que contrataba a inmigrantes africanos en situación irregular para trabajar en una finca agrícola de Lugo. En total, 92 trabajadores fueron identificados, de los cuales 82 eran extranjeros sin permiso de residencia ni de trabajo. Tres personas han sido investigadas por su presunta implicación en estos hechos.

La operación se inició tras recibir una alerta sobre un grupo de inmigrantes alojados en un antiguo hotel en Ordes, A Coruña, que carecía de licencia de hostelería. Según la información facilitada por la Guardia Civil, una residente del inmueble alertó sobre la llegada de un centenar de personas desorientadas, quienes fueron reubicadas con la colaboración de los servicios sociales. Las pesquisas posteriores revelaron que estos migrantes habían viajado desde el sur de España, principalmente desde Granada, con la promesa de trabajar en una explotación agrícola en Galicia. Una vez en la región, los trabajadores eran distribuidos en diferentes alojamientos, donde debían pagar diariamente por el hospedaje y el transporte hasta la finca.

La investigación permitió localizar la finca en cuestión, una de las más grandes de la provincia, donde se llevó a cabo una inspección conjunta con la ITSS y la Policía Judicial. Allí se identificaron a los 92 trabajadores, de los cuales solo una pequeña parte contaba con un alta regular en la seguridad social. La trama empresarial empleaba a la mayoría de los temporeros sin contrato formal, subcontratando el servicio a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) ubicada en Sevilla, que falsificaba el alta de algunos trabajadores mientras mantenía a otros sin ningún tipo de contrato laboral.

Como resultado de las investigaciones, se identificó a tres personas responsablesde varias empresas implicadas en la contratación irregular, quienes fueron puestas a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 2 de Vilalba (Lugo).