Estafas

La justicia gallega condena a Abanca y Caixa Rural a devolver 20.000 euros a víctimas de phishing

Las sentencias consideran que no hubo negligencia grave por parte de los afectados y refuerzan la responsabilidad de los bancos ante transferencias no autorizadas

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La justicia gallega condena a Abanca y Caixa Rural a devolver 20.000 euros a víctimas de phishingistock

En las últimas semanas, varios juzgados de Galicia han emitido sentencias contra las entidades bancarias Abanca y Caixa Rural, obligándolas a reembolsar más de 20.000 euros a clientes que fueron víctimas de estafas de phishing. Los fallos judiciales subrayan la responsabilidad de las entidades financieras ante operaciones fraudulentas no autorizadas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Muros (A Coruña) dictó el pasado 31 de enero una sentencia contra Abanca, obligando a la entidad a restituir6.000 euros a una clienta que reclamaba el dinero en representación de su hija menor de edad. El tribunal consideró probado el fraude y responsabilizó al banco de la devolución de la cantidad sustraída.

Otra sentencia similar fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, que condenó a la misma entidad a reintegrar cerca de 5.000 euros a otro afectado por una estafa del mismo tipo. En este caso, los delincuentes se hicieron pasar por representantes de Microsoft, alegando un fallo de seguridad en el sistema informático del usuario para obtener acceso a sus credenciales bancarias y efectuar las operaciones fraudulentas. Esta sentencia, al igual que la anterior, aún no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de O Carballiño emitió otra resolución condenatoria, en este caso contra Caixa Rural, ordenando la devolución de 14.650 euros a un cliente estafado mediante un mecanismo similar de suplantación de identidad.

Según el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, la jurisprudencia establece una responsabilidad "casi objetiva" de las entidades de crédito en casos de transferencias no autorizadas, salvo que se demuestre una "negligencia grave" por parte del usuario, algo que ninguno de los tres tribunales ha considerado probado en estos casos.