Ourense se envuelve en la polémica: audios sobre corrupción, acoso laboral y una moción de censura

Desde que Gonzalo Pérez Jácome accediera por primera vez a la Alcaldía de Ourense, allá por el año 2019, nada ha vuelto a ser lo mismo en la ciudad de las termas. Basta un rápido vistazo a aquella época para hacer bueno el refranero popular: “De aquellos polvos, estos lodos”.

No en vano, el polémico Jácome se hizo ese año con el bastón de mando de la urbe pese a ser la tercera fuerza más votada, con siete concejales, la mitad de los 14 que en Ourense marcan la mayoría absoluta.

Sin embargo, un pacto con el Partido Popular permitió al líder de Democracia Ourensana -el partido que él mismo había fundado en 2001 antes de estrenar su televisión local Auria TV que lo daría a conocer entre los vecinos- ser investido como alcalde a cambio de votar a José Manuel Baltar como presidente de la Diputación.

Jácome alcanzaba así una Alcaldía que, desde entonces, no iba a dejar de suscitar disputas. En agosto de 2020, cinco de sus concejales presentaron una denuncia en la que alertaban de supuestas irregularidades en la gestión económica del partido. Dicha acusación derivó en su expulsión de Democracia Ouresana y en que los populares, alegando falta de confianza, rompiesen el pacto de gobierno del ayuntamiento.

De ahí, con algún que otro susto, una dosis de polémica y numerosas extravagancias -en Ourense son ya célebres los disfraces de Carnavales del alcalde-, el relato llega hasta 2023, cuando el diario La Región publicaba unas grabaciones en las que Pérez Jácome, entre otras cosas, presumía de ser un experto en blanquear dinero negro para campañas electorales.

El alcalde llevó los audios ante la justicia y se defendió culpando a los medios de estar detrás de una operación de espionaje contra él. El resultado del choque sorprendió a propios y extraños: Pérez Jácome revalidó mandato en las municipales de 2023, subiendo a 10 concejales.

Moción de censura

Una Alcaldía que, hoy, vuelve a pender de un hilo tras las polémicas que han ido surgiendo durante las últimas semanas y que han derivado en una negociación abierta entre PP (7 concejales), PSOE (6) y BNG (4) para intentar que prospere una moción de censura de la que, por ahora, el propio Jácome se burla en sus redes sociales.

Ahí, en ese gran caldo de cultivo que ha sabido alimentar como pocos, el alcalde de Ourense afirma estos días que “los más interesados en una moción de censura son La Región y La Voz. La oposición no porque el PP no quiere de alcalde a alguien del PSOE. Y el PSOE y el BNG no quieren de alcalde alguien del PP”.

Un equilibrio de poderes que, para Jácome, hacen “difícil de creer” que la moción prospere pese a toda la polémica que la rodea. Comenzando, la semana pasada por la condena al regidor por acoso laboral al interventor del ayuntamiento.

El Juzgado de lo social 1 de Ourense estimaba, así, la demanda formulada por el propio interventor, Gonzalo Alonso, contra Jácome y, por extensión, contra la Administración local, de manera que el funcionario recuperaba su puesto después de ser cesado de sus funciones por el alcalde.

La justicia consideraba probado que, a consecuencia de un informe emitido por el alcalde presentado en una sesión plenaria del 1 de agosto de 2023, éste “inició una campaña de desprestigio” contra el interventor. Campaña que se llevó a cabo “en los plenos del Ayuntamiento y redes sociales” con la finalidad de “justificar ante la opinión pública” el futuro cese del interventor por “resultar un funcionario incómodo”.

Vuelven a escena los audios

Por si esto no fuese suficiente, el creciente conflicto aumentaba esta misma semana con la vuelta a escena de los audios, cuando el miércoles se hacía público que la Fiscalía de Ourense había presentado denuncia en el juzgado en relación con los mismos.

En los audios, difundidos hace ya un año, puede escucharse a Pérez Jácome tratando, supuestamente, de convencer a dos funcionarios para que asumiesen una multa impuesta a su coche oficial, o conversaciones sobre supuestos 'enchufes' de asesores y posibles donaciones irregulares para su campaña electoral.

En su momento, los grupos municipales de BNG, PP y PSOE en el ayuntamiento ourensano presentaron denuncias ante la Fiscalía por si, de esas conversaciones, pudiera inferirse la comisión de diversos delitos (prevaricación, falsedad, malversación). Las denuncias fueron acumuladas y se abrieron diligencias de investigación.

Ahora, el ministerio público ha notificado que da por concluidas esas diligencias y confirma la presentación de una denuncia en el juzgado, aunque no han trascendido los posibles delitos denunciados.

La negociación

En este escenario, los partidos de la oposición negocian tratando de sacar adelante una moción compleja. Con dos de las tres partes no se alcanzan los 14 concejales de la mayoría absoluta, por lo que resulta imprescindible un acuerdo entre los tres.

Para ello, el BNG exige que el alcalde sea socialista. Algo a lo que, por el momento, el Partido Popular no se cierra. “El PP contemplaría cualquier salida”, afirmaba ayer la coordinadora local de los populares ourensanos, Noelia Pérez.

Mientras tanto, el alcalde, a través de sus redes sociales, sigue convencido de su posición de dominio. “Es difícil creer que el PP ahora que el PSOE está derrotado pretenda revivirlo regalándole la alcaldía”, señala Pérez Jácome en otro de sus post. “¿Realmente se fía el PP de que el PSOE no aceptará derrocarlo en la Diputación una vez que esté en la alcaldía?”, se pregunta.