“Sabía que no podían perder el trabajo”: el TSXG confirma la condena superior a 23 años a un hostelero gallego por violación

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado íntegramente la condena impuesta a un hostelero de la comarca de O Sar que agredió sexualmente y de forma continuada a dos trabajadoras de sus negocios. El alto tribunal considera probado que el acusado, aprovechando la situación económica precaria de ambas mujeres, las forzaba reiteradamente mientras las amenazaba con despedirlas si se negaban a mantener relaciones sexuales.

La sentencia inicial, dictada por la Audiencia Provincial con sede en Santiago, impuso al empresario 23 años y medio de prisión. El TSXG rechaza ahora el recurso de apelación presentado por la defensa y avala el trabajo “minucioso” del tribunal de instancia, que basó su resolución en las declaraciones de las víctimas, en los testimonios de sus compañeros y en los informes periciales. Los magistrados subrayan que la Audiencia “desglosó los hechos en profundidad” y valoró de forma adecuada todas las pruebas.

Según el fallo, el procesado era administrador y copropietario, junto a su esposa, de varias sociedades con establecimientos de hostelería en el partido judicial de Padrón, entre ellos una tapería-vinoteca y un restaurante. Aunque su mujer se encargaba de la gestión diaria, él impartía órdenes al personal y tenía autoridad directa sobre las empleadas. Las víctimas, una camarera y una cocinera, dependían económicamente de sus salarios y el acusado, conocedor de su vulnerabilidad, se valió de esa posición de poder para someterlas.

Años de abusos y amenazas bajo miedo al despido

Los hechos comenzaron en 2014 con una de las trabajadoras, a la que el hostelero empezó mostrando vídeos pornográficos y realizando insinuaciones antes de pasar al contacto físico. Las agresiones continuaron durante años y en 2020 llegaron a ser expresamente denunciadas, después de que la víctima se negara a guardar silencio pese a los intentos del empresario de comprar su discreción.

La otra empleada sufrió abusos desde 2015, cuando el acusado la obligó a acompañarlo con el pretexto de una reunión y la llevó a lugares apartados para realizar tocamientos y amenazas. Con el tiempo, las agresiones se repitieron tanto en su coche como en los locales del negocio, e incluyeron prácticas sexuales forzadas y violencia física.

El TSXG mantiene las condenas impuestas: doce años de prisión por los delitos cometidos contra una de las víctimas y once años y medio por los realizados contra la otra, además de diez años de libertad vigilada, órdenes de alejamiento de más de dos décadas y compensaciones económicas superiores a 47.000 euros en total.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, aunque el alto tribunal gallego reafirma la credibilidad de los testimonios y la gravedad de los hechos, cometidos “a lo largo de varios años” en un contexto de dominación laboral y abuso de poder.