"Las víctimas estaban vigiladas y disponibles 24 horas"

Este lunes ha proseguido en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio contra cuatro personas acusadas de integrar una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Ferrol y Narón. Durante la primera jornada de la vista oral, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía han testificado sobre las condiciones de esclavitud en las que vivían las víctimas, mujeres jóvenes procedentes de Paraguay y otros países latinoamericanos.

Según los investigadores, las mujeres estaban “permanentemente vigiladas y controladas” y debían estar “disponibles las 24 horas” para atender a los clientes. “No podían salir libremente de casa”, declararon los agentes, afirmando que las víctimas no tenían posibilidad de escapar de la situación a la que eran sometidas.

Condiciones de explotación extrema

Una inspectora policial ha subrayado que las mujeres eran muy jóvenes y procedían de entornos vulnerables, sin recursos económicos y con una deuda de 6.000 euros por el viaje a España. “No tenían más remedio que someterse a las condiciones que les impusieran, fuesen lo gravosas que fuesen”, ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El nivel de explotación era extremo. Según los agentes, algunas mujeres llegaban a realizar entre 20 y 30 servicios diarios. “Es una barbaridad, una cantidad brutal de explotación”, describió una de las investigadoras, quien añadió que las condiciones higiénicas eran “lamentables”, de las peores que habían encontrado en este tipo de investigaciones.

Además de la explotación sexual, los acusados están imputados por delitos contra la salud pública, ya que en los registros policiales se encontraron numerosas dosis de cocaína y viagra. “En el operativo policial quedó acreditada la presencia de estas sustancias”, han confirmado los efectivos policiales.

Detenciones

Las detenciones de los acusados se produjeron tras una investigación que se extendió desde 2019 hasta 2023. La Fiscalía sostiene que los procesados actuaban bajo una estructura organizada, con dos de ellos en posición de superioridad y jerarquía, mientras que los otros dos ejercían el control en los pisos.

La investigación contó con la colaboración de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual del Ministerio Público de Paraguay e Interpol. Se constató que en Paraguay los acusados captaban a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, les gestionaban el viaje a España y posteriormente las obligaban a ejercer la prostitución sin opción de descanso.

La Fiscalía imputa a los acusados delitos continuados contra la inmigración ilegal, contra la salud pública y trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. En total, las penas solicitadas oscilan entre los diez y los cuatro años de prisión, además del pago de responsabilidad civil.