Dos detenidos y liberados 15 trabajadores, explotados en viñedos de la Rioja Alavesa

Dos hombres han sido detenidos por la Guardia Civil y han ingresado en prisión acusados de tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, y 15 portugueses que trabajaban para ellos en condiciones deplorables en viñedos de la Rioja Alavesa han sido liberados.

A todos ellos se les ha ofrecido pisos de acogida en diferentes provincias y algunos han optado por alojarse en ellos, mientras que otros han preferido quedarse en Álava trabajando para otros empresarios, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Además, durante la operación han sido intervenidas dos pistolas simuladas, abundante documentación de sus actividades y dinero en metálico.

La operación "Worker" culminó la semana pasada cuando agentes de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal desarticularon esta red de "esclavitud moderna", según ha denunciado en un comunicado el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso.

Los dos detenidos -el jefe de la red y su ayudante, también de nacionalidad portuguesa- han ingresado en prisión por orden judicial.

Las investigaciones comenzaron a finales de febrero cuando una de las victimas logró huir y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Explicó que trabajaban 12 horas diarias los 7 días de la semana en toda la Rioja Alavesa para distintos empresarios y, cuando no era época de vendimia o de tener que hacer labores en las viñas, se les asignaba cualquier otra función, como tareas de construcción o cualquier otro trabajo para el que fuera necesaria mano de obra.

Los trabajadores eran alojados en inmuebles en una situación insalubre, que no era compatible con lo mínimo exigible para la dignidad humana.

La red "utilizaba la dependencia económica ya que cualquier acto cotidiano y laboral de sus vidas se encontraba sometido, vigilado y autorizado por la persona que dirigía el entramado" y las víctimas "eran obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas, sin que pudieran negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder", ha explicado el delegado del Gobierno.

Los trabajadores eran captados en su país de origen y trasladados a la zona donde tenían que realizar su actividad laboral, donde ninguno tenía arraigo familiar y se encontraban en estado de total vulnerabilidad.

Algunos de estos trabajadores, después de haber estado empleados durante meses, generaron incluso una deuda económica con el jefe del entramado, que les obligaba a permanecer en esta situación de esclavitud para poder hacer frente a la misma.

Cuando se registró el domicilio de los detenidos, los agentes se incautaron de 9.300 euros escondidos en un doble fondo, dos pistolas simuladas y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

Además, se ha solicitado el embargo de cinco propiedades inmobiliarias, provenientes de la ganancia obtenida con la actividad criminal.

El Juzgado decretó prisión provisional para dos arrestados y la Inspección de trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales ha abierto expedientes sancionadores a algunos de los empleadores que usaban los servicios de los presuntos autores de los hechos.