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Colapso delictivo

Tiempo de lectura 4 min.

04 de diciembre de 2010. 03:01h

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4/12/2010

El conflicto que enfrenta desde hace meses al Ministerio de Fomento con los controladores vivió ayer un episodio de la máxima gravedad con la decisión unilateral y sin previo aviso de estos profesionales de desatender concertadamente sus puestos de trabajo. La consecuencia de esa medida de presión fue el cierre de todo el espacio aéreo español  y la clausura de Barajas y el Prat, entre otros aeropuertos, en pleno puente de la Constitución. Según AENA, el 90% de los controladores dejó de acudir a sus puestos y se declaró «incapaz» para cubrir el servicio por estrés y taquicardias. El colapso aeroportuario fue casi total con 250.000 personas inmovilizadas, aunque se calcula que el número total de afectados ha rondado los 4,5 millones. La revuelta se produjo dos horas después de que el Consejo de Ministros aprobara dos disposiciones una de las cuales militariza a los controladores en determinadas circunstancias, en las que pasan a depender de los mandos del Ministerio de Defensa. La otra obliga a todos los controladores a someterse a reconocimientos médicos en el momento en el que se dan de baja, y no después, como hasta ahora. El decreto también impide al colectivo computar dentro de sus horas de trabajo las bajas por enfermedad o los permisos familiares. Más allá de la inoportunidad de la decisión gubernamental de tensar la cuerda en pleno periodo vacacional, lo cierto es que los controladores, con su levantisca actitud, han terminado por perder la poca o mucha razón que pudieran tener. El chantaje o la toma como rehenes de los pasajeros nunca pueden estar justificados, y su responsabilidad es total en las patéticas escenas que se vivieron ayer en Barajas y otras dependencias, y en crear situaciones de potencial inseguridad. Los ciudadanos han acabado por pagar el desencuentro en una negociación mal llevada, en la que las dos partes podían haber hecho mucho más para hallar un punto de acuerdo. El ministro Blanco pretendió poner orden en un colectivo que necesitaba «ventilarse» para corregir una endogamia corrosiva, y que era una fuente de conflictividad periódica. Y así suavizó, por ejemplo, los requisitos para obtener la licencia, al tiempo que abrió la puerta para que los controladores comunitarios pudieran ejercer en España, y aireó emolumentos propios de unos privilegiados. Se trataba de restar fuerza a un grupo que posee, como se ha visto, gran capacidad de coacción, mientras la otra parte contraatacaba con paros encubiertos o bajas fraudulentas. Se buscó la fricción antes que el compromiso.
Ante la extrema situación, el Gobierno replicó a media tarde de ayer con un ultimátum a los controladores y la militarización de los centros de control aéreo, autorizada por el presidente a primera hora de la noche. Había pocas salidas más ante el deterioro y la magnitud de la crisis. En cuanto a la depuración de las responsabilidades, la Justicia tendrá que aplicar el Código Penal a quienes dejaron puestos estratégicos para la seguridad de la aviación. Cualquier causa, por muy justa que sea, pierde toda razón moral cuando se defiende mediante el atropello de los derechos de los ciudadanos. Cientos de miles de personas sufrieron el desvarío de un colectivo que jugó con fuego y terminará quemándose en el desprestigio y en los tribunales.
 

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