El Gobierno busca aliados para que la reforma laboral no dependa de un voto

No más sobresaltos. El Gobierno no quiere verse con la reforma laboral ante una votación como la que tuvo lugar en el Congreso hace dos semanas para convalidar el «tijeretazo» social. ¿Recuerdan? Zapatero logró aprobar el mayor recorte social de la democracia por tan sólo un voto de diferencia, y gracias a la abstención de CiU y CC. Aquel texto ni siquiera fue presentado antes de su aprobación en Consejo de Ministros a las fuerzas políticas. Un trágala sin precedentes en la historia parlamentaria del Ejecutivo de Zapatero. Se dijo entonces que la presión de Bruselas y los mercados apremiaban y que las circunstancias hicieron imposible perder un segundo en consultas con los grupos políticos. Ahora con la reforma laboral que el Gobierno dictará igualmente por decreto se pretende, al menos, hacer una ronda previa de contactos con los principales partidos, no para acordar –puesto que las líneas de la reforma están dictadas e incluso escritas desde la UE, el FMI y otras instituciones internacionales-, pero sí para que los grupos estén informados del contenido. El Gobierno confía en el apoyo de CiU, PNV, CC y quizá ERC para sacar sin dificultad la reforma del mercado de trabajo que el Consejo de Ministros aprobará el próximo día 16. De hecho, tanto la vicepresidenta económica, Elena Salgado, como el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, y el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, ya han empezado a sondear a estos grupos parlamentarios en una ronda de conversaciones informales. Si Corbacho se reunió ayer en el Congreso con el peneuvista Emilio Olabarría, la canaria Ana Oramas y el republicano Joan Ridao, Salgado hizo lo propio con el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre. Con todos ellos ha habido un compromiso de establecer una negociación previa a la aprobación del decreto que tendrá lugar el lunes y el martes de la próxima semana.El Gobierno aún no ha presentado ningún texto a la espera de que se agoten los plazos dados a los agentes sociales en la mesa del diálogo social, pero sí ha hecho saber que el escollo entre sindicatos y empresarios está en la causalidad de los despidos y en las indemnizaciones de éstos. Los grupos con los que ha contactado el Gobierno aún no han fijado posición. Si ERC ha puesto como condición a su apoyo la «flexibilización» de la negociación colectiva y el impulso al empleo juvenil, CiU apuesta por un contrato nuevo ampliable a 33 días y la discusión parlamentaria sobre el absentismo laboral.