La Junta cesa al «negociador» del plan de ajuste con los sindicatos

Sevilla- El Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por el vicepresidente Diego Valderas debido a la ausencia del presidente José Antonio Griñán, dio el visto bueno ayer al nombramiento de Lidia Sánchez Milán al frente de la Secretaría General de la Administración Pública. Cargo dependiente de la Consejería de Hacienda que dirige Carmen Martínez Aguayo.
Milán es licenciada en Derecho, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Gobierno regional y directora del Instituto Andaluz de Administración Pública desde 2010.
Su desembarco en la Secretaría General ha supuesto el cese de Manuel Alcaide Calderón, la persona que ha pilotado las negociaciones con los sindicatos relativas al plan de ajuste presupuestario de unos 3.650 millones de euros al que el Ejecutivo andaluz dio luz verde el martes 19 de junio.

Las mesas de diálogo han contado con la presencia habitual de Alcaide, no así con la de la consejera de Hacienda, quien sólo acudió a la reunión extraordinaria de la General de Negociación del Empleado Público que se celebró el viernes 15, día en el que las centrales sindicales certificaron el «fracaso» del proceso.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que el ex secretario general habría dejado su puesto «por propia voluntad». Versión que confirman desde Hacienda, para precisar que «mostró su intención de irse antes de las elecciones», pero se ha quedado hasta la aprobación del decreto «por honestidad». Fuentes de la Consejería niegan que se hayan producido discrepancias con Aguayo, con quien ha trabajado, dicen, «en perfecta sintonía». Cabe recordar que Alcaide sustituyó en el cargo en noviembre de 2010 a José Antonio Ortiz Mallol, uno de los artífices del decreto de reordenación del sector público impulsado por el equipo de Griñán, que provocó las primeras protestas de los funcionarios adscritos a la Administración autonómica. Tras conocerse el relevo, la entonces portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, lo desvinculó de la polvareda levantada por aquel decreto. Preguntada sobre si el cese tenía que ver con algún tipo de «depuración de responsabilidades por el conflicto de los sindicatos», Moreno fue rotunda: «En absoluto». Ahora el mensaje es el mismo: tampoco.