Sinde se lava las manos y echa la culpa a Esperanza Aguirre

 Las Comunidades Autónomas, Esperanza Aguirre, una laguna legal, un laberinto jurídico... Son diversas las razones que González-Sinde adujo ayer en la Comisión de Cultura del Congreso para eximir a su cartera de la responsabilidad sobre el presunto desvío de fondos de la SGAE para acabar preguntándose: «¿Qué debería haber hecho el Ministerio? Nada que no haya hecho?». Pero, ¿cómo es posible que haya tantos implicados? En cuanto a las Comunidades Autónomas, la ministra hizo referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 en la que figura que la vigilancia de las sociedades de gestión está fuera de las competencias del Gobierno. Tanto CiU como ERC criticaron duramente que la ministra culpara a las Comunidades Autónomas: «Se trata de una competencia que no ha sido transferida, por lo que echar la porquería a los demás no es admisible», le increpó Joan Tardá. Sobre Esperanza Aguirre, González-Sinde se refirió a su etapa como ministra de Educación y Cultura, «durante la que aprobó que sociedades sin ánimo de lucro pudieran crear sociedades mercantiles. De esa decisión, en 1997, vienen estos entramados sobredimensionados», aseguró. El diputado popular José María Lassalle contestó a la ministra que «es responsable política directa de lo que ha sucedido», y añadió que todo lo expuesto «es un ejercicio notable de elusión política. La sentencia del Tribunal Constitucional no le exonera de responsabilidades. Si tiene capacidad para dar una licencia y revocarla, tiene capacidad para poder actuar en límite cuando hay una concurrencia de factores que ponen en evidencia que las cosas están funcionando mal», aseguró el diputado popular.

«Tiritas» para la una Ley
Además, todos los grupos le recriminaron que no fuera más ambiciosa en cuanto a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, tras su anuncio de que está trabajando en tres directivas sobre obras huérfanas, compensación por copia privada (canon digital) y control sobre las sociedades de gestión a través de tres medidas: impedirles la creación indiscriminada de sociedades mercantiles, obligación de someterse a una auditoría pública de funcionamiento y la creación de un régimen sancionador para las sociedades que no cumplan con sus obligaciones. Estas modificaciones fueron calificadas por todos los grupo, excepto el del PSOE, como «cataplasmas» y «tiritas». Sobre este punto, Lassalle insistió en que «es necesaria una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, algo que el PP lleva años pidiendo.