La partida para políticas sociales se reducirá en 366 millones de euros

MURCIA- Los Presupuestos Generales del Estado reducirán de manera drástica la partida para política social. Así lo destacó ayer el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, tras una reunión con sus homólogos de Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, Navarra y Canarias. Según Bascuñana, el Gobierno Central «ha recortado 366 millones de euros en materia de atención social». Una medida que, para el consejero, está causada por «la falta de liderazgo del Ejecutivo».
Los responsables en Política Social que se dieron cita ayer en la capital murciana solicitaron, de manera conjunta, una convocatoria urgente del Consejo Terriotiral de la Dependencia y de la Conferencia Sectorial de Política Social. Todos ellos compartieron su preocupación ante los recortes anunciados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los Presupuestos Generales para 2011. La disminución del gasto en Política Social «no corresponde con la lealtad constitucional», afirmó Joaquín Bascuñana. Para el consejero, «estas bajadas siempre se trasladan a las comunidades autónomas, que son las instituciones responsables de prestar el servicio a los ciudadanos».
El presupuesto dotado para la aplicación de la Ley de Dependencia se reduce en 80 millones de euros. Una medida que dificulta la entrada en vigor de un nuevo grado en el cómputo de situaciones previstas en la Ley, que incrementará el número de beneficiarios de la misma. Otras áreas de la politica social también se verán afectadas negativamente por estos recortes. En concreto, los programas de integración social del pueblo gitano y de los inmigrantes, así como los planes de cooperación exterior «se quedan en suspenso», subrayó Joaquín Bascuñana. El consejero de Política Social indicó que «no se está percibiendo la voluntad del ministerio de Sanidad y Política Social para proporcionar más servicios y más calidad». Es por ello, que tanto él como sus homólogos de otras siete comunidades demandaron la convocatoria urgente de los dos órganos que coordinan y establecen la política social entre Gobierno central y comunidades autónomas, antes de que se aprueben los Presupuestos en el Congreso.