Jueces y fiscales se rebelan contra la retirada de escoltas

MADRID- La decisión del Ministerio del Interior de retirar el servicio de seguridad, coche, conductor y escolta ha causado un profundo malestar en los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, a quienes, al igual que los vocales del CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, también les afecta la medida. En la Audiencia se retirarán unos 250 agentes y sólo continuarán con la protección, aunque con menos integrantes del servicio, seis altos cargos, entre ellos el presidente, Ángel Juanes; el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal y el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña.
La Junta de Fiscales de la Audiencia aprobó un comunicado en el que expresaba su «malestar e indignación», ya que, pese al cese de las acciones criminales de ETA, la banda no se ha disuelto. En ese sentido, fuentes de la Fiscalía destacaron a LA RAZÓN que prueba de ello es el hecho de que los cuerpos policiales «estén solicitando con mucha frecuencia intervenciones telefónicas relacionadas con ETA».
Los fiscales admiten que la crisis económica justifica una racionalización de los servicios de seguridad «para optimizar los recursos», pero en ningún caso la supresión de los mismos.
Por su parte, los magistrados de la Sala Penal tuvieron conocimiento oficial de la medida en la reunión que mantuvieron con Grande-Marlaska.
El malestar entre los jueces se debe, sobre todo, «a las formas en que se ha producido, porque se ha dado la imagen de una cierta improvisación y se debería haber realizado un plan previo».
Por su parte, el Ministerio del Interior informó ayer que un total de 1.100 agentes de las Fuerzas de Seguridad dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana, en aplicación del programa de reducción de escoltas. Para determinar los afectados, se ha realizado un «profundo análisis de todas las personas agrupadas por colectivos».
La reducción de escoltas dinámica se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, «porque los estudios realizados» por Interior han puesto de manifiesto «que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara del puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó». Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas «se haya incrementado inexorablemente en los últimos años».