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Garzón no se sentará en el banquillo hasta después del verano

Será juzgado por un delito de prevaricación en relación con su investigación del franquismo

  • El juez, durante una investigación en Colombia en 2008
    El juez, durante una investigación en Colombia en 2008

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14 de junio de 2010. 03:16h

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14/6/2010

MADRID- El juez Baltasar Garzón se enfrentará por vez primera a un tribunal, compuesto por cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo, tras la apertura del nuevo año judicial, acto que se producirá a mediados del mes de septiembre. Será entonces cuando el magistrado, actualmente asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tras la autorización que recibió del Consejo General del Poder Judicial, será juzgado por un delito de prevaricación, en relación con la decisión de investigar los crímenes del franquismo y su posterior inhibición, según confirmaron fuentes del Tribunal Supremo.

Juan Saavedra –presidente de la Sal–, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo son los magistrados que juzgarán a Garzón.

Esta decisión del Supremo es lo que ha determinado que la Audiencia Nacional y, en concreto, su presidente, Ángel Juanes, decidiesen sacar a concurso, en comisión de servicios, el juzgado de Garzón mientras dure la suspensión cautelar de éste. Está previsto que a finales de este mes, el CGPJ realice el correspondiente nombramiento, tras la propuesta que haga la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

En un principio, no era nada descartable que el juicio se celebrara en el mes de julio y que el juez Santiago Pedraz continuase encargado del juzgado de Garzón hasta que el Supremo dictase la correspondiente sentencia. La constancia de que esto no será así resultó decisiva para sacar a concurso esa plaza.

Baltasar Garzón se encuentra suspendido cautelarmente en el ejercicio de sus funciones desde el pasado 14 de mayo, un día después de que el juez del Supremo Luciano Varela dictase contra él auto de apertura de juicio oral por un delito de prevaricación.

En el auto de apertura de juicio, el juez Varela sostiene que Garzón asumió esa investigación sin tener competencias para ello y, en una resolución posterior, reprochaba a Garzón que tratase de justificar su irresponsabilidad penal «con el pretendido objetivo de favorecer a las víctimas de guerra».

Pocos días después de la apertura de juicio oral, la Fiscalía presentaba su escrito de conclusiones en el que pedía la absolución de Garzón, al entender que los hechos que se le imputan «no son constitutivos de delito y en modo alguno del delito de prevaricación» que le imputa la acusación, ejercida por el colectivo Manos Limpias.

 

Discrepancias
Las resoluciones que adoptó, sostiene el fiscal, fueron tomadas  «en estricto cumplimiento de las normas procesales», tendentes a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos «con todas las circunstancias» que pudiesen influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes.

Por su parte, la acusación solicita 20 años de inhabilitación, al entender que cometió un delito de prevaricación, y que esas resoluciones fueron acordadas «en fraude de ley, eludiendo las normas aplicables y procurando la aplicación de otras no procedentes».

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