La Fiscalía revive una nueva oleada de archivo de muchas de sus diligencias

Estos días, asistimos a una nueva cascada de archivo de nuevas instrucciones que, al igual que en el resto, carecen de fundamento acusatorio que indican la procedencia del archivo de las diligencias. Todo va a quedar en puro humo, después de que se pusiera a la Región y a muchos empresarios y dirigentes políticos bajo la sombra de la sospecha, cuando no se procedió directamente a su detención y al registro de distintas sedes institucionales.

Este es el caso de lo ocurrido con el Ayuntamiento de Abanilla, donde ayer mismo trascendió que la Audiencia Provincial de Murcia confirmó el archivo de las diligencias abiertas contra el alcalde de dicho municipio murciano, Fernando Molina, perteneciente al Partido Popular, contra el que se querelló el Partido Socialista por un presunto delito de prevaricación administrativa por no haber recibido del Consistorio la información que le pidió.

De esta manera, la sala ratificó la decisión tomada por el juzgado de instrucción de Cieza, que en febrero de 2010 decretó el archivo de estas actuaciones, abiertas en 2007. En la querella, presentada por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, se afirmaba que Molina, en la legislatura 2003-2007, «había incumplido de forma reiterada su obligación legal y constitucional de facilitar información a los concejales socialistas, lo que les impedía el normal ejercicio de su función de control de Gobierno municipal».

Asimismo, la querella señalaba igualmente que con anterioridad a estos hechos, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia había condenado al alcalde por no facilitar la documentación solicitada por los ediles socialistas, «pero, no obstante, el querellado ha persistido en su actitud renuente y de obstrucción del ejercicio del derecho a la información municipal». Sin embargo, la Audiencia coincide con el juez de Cieza en que las actuaciones atribuidas a Molina «no se acredita una legalidad manifiesta, clara, patente o grosera» sobre la que basar un delito de prevaricación administrativa que requiera el dictado de una resolución injusta «a sabiendas» de que lo es.

Lo mismo ocurrió recientemente con la absolución del presidente de Áridos del Mediterráneo (Arimesa) y la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea y, al ex alcalde de Santomera, José Antonio Gil, quienes estaban acusados por un presunto delito medioambiental en la cantera El Zacacho por los que fiscal pedía penas de 36 y 18 meses de cárcel. En cuanto al caso «Totem», cuya investigación continúa abierta, cabe destacar que uno de los trece imputados ha acusado a la Sala que tiene previsto celebrar el juicio oral a partir del próximo 24 de octubre. En concreto, se trata de Gabriel Martínez, propietario de una empresa de Totana al que el fiscal acusa de pedir comisiones para él y para el principal imputado, el ex alcalde y ex diputado regional Juan Morales.

En este caso, los recusados son el presidente de la Sala y el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya y, los magistrados Manuel Abadía y Enrique Quiñonero. Y es que, según el recusante, los integrantes del tribunal se encuentran «contaminados» y pueden haberse formado un juicio previo al haber participado en diversas incidencias procesales surgidas durante la tramitación de la causa. El escrito de recusación se encuentra actualmente en manos del Ministerio Fiscal, que deberá informar sobre la procedencia o no de la aceptación del mismo.