La Fiscalía del TSJA investigará el caso de las participaciones preferentes

SEVILLa- El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, anunció ayer que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación para conocer la legalidad de las prácticas llevadas a cabo por varias entidades financieras con las denominadas participaciones preferentes en la comunidad.

Chamizo adelantó esta investigación después de mantener un encuentro en la capital hispalense con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien cree que hay afectadas unas 60.000 personas en la región por estas obligaciones subordinadas, de las que la mayoría son personas de avanzada edad. El defensor resaltó que esta cifra hace que la investigación sea «complicada», pero espera que se identifiquen las posibles responsabilidades civiles e «incluso penales en algunos casos». Comentó, además, que ya son «muchas las sentencias» que están fallando a favor de los afectados, personas que se han puesto en contacto con él para expresarle «el relato dramático» de su situación.

Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) celebran la intervención del TSJA, aunque discrepan sobre la cifra de los afectados, pues entienden que puede llegar hasta los 100.000 y anuncian que si en septiembre no hay una solución comenzarán a realizar demandas colectivas contra las entidades. Rafael Fernández, representante de este colectivo en Sevilla, que agrupa a la mayoría de perjudicados, aseguró a LA RAZÓN que durante un encuentro que mantuvo con Chamizo la semana pasada éste le anunció que elevaría el caso a su homólogo europeo para evitar que se le haga una quita a estas personas del dinero inmovilizado en los bancos como pretende Bruselas después del rescate aprobado recientemente. Según Adicae, la Unión Europea ve a los afectados como «accionistas», que deben responder ante las pérdidas de las entidades que han recibido las ayudas y no como ahorradores.

Claves
1. ¿Qué son las preferentes? Son emisiones de deuda sin un plazo definido. La entidad paga una rentabilidad según sus resultados, por lo que no son depósitos de renta fija como muchos pensaron.
2. ¿Cuántos afectados hay? Aunque no hay datos concretos, se estima que hay 500.000 personas afectadas y que sólo en Andalucía se podrían alcanzar las 100.000.