El PSOE rompe con CiU y se asegura un mayor control del Constitucional

El PSOE es el principal beneficiado porque el acuerdo traslada al Alto Tribunal las actuales mayorías parlamentarias y, por tanto, inclina definitivamente de su lado la cuenta de magistrados que tendrán que resolver asuntos de tanto calado como la constitucionalidad de la Ley del Aborto.

Los socialistas han roto incluso el acuerdo del PSC con CiU para que uno de los cuatro magistrados que correspondía renovar a la Cámara Alta procediera del Parlamento de Cataluña. En su lugar, entrará la catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Adela Asúa.

En esta larga negociación el PSOE había convertido en un obstáculo irreductible la decisión del PP, formalizada a través de sus comunidades, de proponer como candidato al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. Y como solución se ha optado por una decisión aparentemente salomónica y que permite salvar la cara a las dos partes enfrentadas. Como ayer adelantó este periódico, el PP mantiene a López como candidato dentro del cupo del Congreso –en noviembre vence el mandato de otros cuatro vocales del TC designados por esta Cámara.

Ahora bien, condiciona esa candidatura a la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre los recursos de amparo que presentarán el Grupo Popular en el Senado, y las Asambleas legislativas de La Rioja y de la Comunidad de Madrid, contra el acuerdo del Senado de rechazar su candidatura al entender que no reúne los 15 años de ejercicio activo en la carrera judicial. Es relevante que será el nuevo TC, con sus nuevas mayorías, el que resuelva esos recursos de amparo. Visto así, parece una cesión por parte de los populares, que éstos ayer envolvieron en el argumento de que están convencidos de que el TC les dará la razón y, por tanto, López entrará en el paquete bendecido por el Congreso.

De momento, el tablero de la negociación consolida cuatro nuevas piezas. Los socialistas han propuesto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Adela Asúa, que está en la lista de los dos nombres elegidos por el Parlamento Vasco a propuesta de los socialistas; y a Luis Ortega, catedrático de Derecho Administrativo –nombrado por el parlamento de Castilla-La Mancha, también a propuesta del PSOE–. El tercer elegido, por iniciativa popular, es el ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Francisco José Hernando, quien tantas críticas recibió por parte de los socialistas cuando se conoció que era uno de los candidatos «populares».

La Comisión de Nombramientos del Senado aprobó ayer esta terna con el voto en contra de CiU, la abstención de la Entesa (PSC, ERC e ICV), y el apoyo de PP, PSOE, Senadores Nacionalistas y Grupo Mixto. El cuarto nombre, a propuesta popular, será el del catedrático de Derecho Constitucional Francisco Pérez de los Cobos.

Una primera lectura en clave política del resultado de la negociación coloca obligatoriamente el foco en los «costaleros» que ha elegido el Gobierno –PNV y CC– para apurar la Legislatura. Los vascos se llevan el «gato al agua», mientras que CiU se queda con otra promesa incumplida. Los convergentes mostraron ayer su enfado por la ruptura del pacto alcanzado en el Parlamento catalán y recordaron que fue una propuesta de su grupo la que permitió modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento del Senado para que las comunidades autónomas pudieran participar en el proceso de renovación del TC.

El PSOE gana un magistrado
Tres de los cuatros jueces que dejarán el TC con casi tres años de retraso –Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata– fueron nombrados a iniciativa del PP, mientras que sólo uno –la presidenta, María Emilia Casas– lo fue con el aval del PSOE. Con el acuerdo de ayer, los socialistas «ganan» un magistrado y contarán con seis jueces, por cinco del PP y uno propuesto por CiU.


Enrique López, a la espera de la «repesca»
Enrique López, por quien el PP apostó desde el principio como uno de sus candidatos irrenunciables al TC, ha visto cómo finalmente quedó fuera del acuerdo de renovación. Ahora, sólo le queda esperar que el Alto Tribunal decida si reunía los requisitos de idoneidad para ser candidato. El PP asegurò que le propondrá para ser designado por el Congreso.