Interior prepara una normativa para multar a las prostitutas y sus clientes

El conseller de Interior, Felip Puig, avanzó ayer que su departamento prepara una normativa para intentar combatir la prostitución en las carreteras y en las calles de todos los municipios catalanes. Según Puig, esta ley permitiría sanciones administrativas tanto a las personas que ejercen esta profesión como a los clientes.

En una interpelación parlamentaria, Puig manifestó que su departamento «estudia normas jurídicas» con el objetivo de homogeneizar las ordenanzas municipales y evitar que la prostitución se traslade de un sitio a otro, que es lo que ocurre en las zonas de Castelldefels, en la frontera con Francia y en las calles del barrio barcelonés del Raval.

«Sujetos ilícitos»

En esta normativa se contemplará como «sujetos ilícitos» tanto a quienes se prostituyen en la calle y las carreteras como a sus clientes, y el objetivo sería erradicar la prostitución en todos los ámbitos.

El conseller anunció que, tras las elecciones municipales, revisará la regulación de 2002 sobre este asunto con los ayuntamientos, para «dar un paso adelante en el control y en la lucha contra la prostitución», y para «ofrecer nuevas alternativas de formación, inserción laboral y asistencia a las víctimas de la explotación sexual».

Puig recordó que el Código Penal no prohíbe la prostitución ni considera delito la prostitución voluntaria, y sí el proxenetismo, la explotación y el acoso sexual, y no descartó incidir para mejorar determinadas cuestiones que lleven a reducir esta actividad.

Según Puig, «hay que luchar contra la idea de que la prostitución puede ser un trabajo», por lo que abogó por «articular nuevas respuestas, alguna regulación y un abordaje más intenso de esta problemática».

El titular de Interior aseguró que, antes de regular la prostitución voluntaria, «la prioridad debe ser la persecución del crimen, explotación y riesgo de muchas personas que se ven obligadas a caer en la marginalidad y son víctimas de la explotación sexual». A su juicio, el Govern se equivocaría si priorizara la regulación de la prostitución voluntaria antes de combatir la explotación sexual.