Barcelona

Críticas al Govern por «criminalizar» a los beneficiarios de la renta mínima

«Excusas de mal pagador». Así tildó ayer el secretario general del sindicato UGT, Josep Maria Álvarez, la actitud del Govern frente a la polémica sobre el pago de las ayudas de la Renta Mínima de Inserción (RMI o Pirmi). Álvarez reaccionó duramente contra las declaraciones hechas un día antes por el conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena, que lanzó un mensaje crítico a los beneficiarios de la ayuda.

Una trabajadora social protesta el pasado jueves
Una trabajadora social protesta el pasado jueveslarazon

El conseller aseguró que la mayoría de los 9.000 marroquíes eran los culpables de un supuesto fraude masivo en la ayuda, una actitud que reprobó el secretario general en declaraciones a Catalunya Ràdio y la agencia Efe.

En su opinión, las palabras de Mena «dan alas» y «engordan» el discurso del partido Plataforma per Catalunya (PxC), a la vez que puso en dudo la fiabilidad de los datos presentados por el Govern, sobre todo en referencia a los preceptores marroquíes.

Álvarez lamentó que las reformas de la ayuda en la Ley de Presupuestos «cambiasen la universalidad de la percepción de la RMI, limitándola a la partida presupuestaria que, cuando se agota, se agota». «Si la Generalitat quiere quitar a alguien la prestación por no hacer un curso o rechazar ofertas de trabajo ya podía hacerlo antes. Lo que no tiene sentido es culpabilizar a las personas que perciben esta ayuda de la mala gestión de la administración», indicó.

«La política de recortes de la Generalitat se basa en dos ideas muy simples que no tienen por qué ser verdad: la demonización de todo lo público y que los recortes son la solución a todo».

En este sentido lamentó que el Govern no haya impulsado ninguna idea contra el fraude fiscal que en Cataluña supone entre 15.000 y 16.000 millones de euros, el 40 por ciento de la deuda de la administración catalana.


Indignación

La Federación de Entidades Culturales Catalanas de Origen Marroquí (Feccom) también mostraron su indignación. «No negamos que pueda haber gente que haya marchado y no haya vuelto a Cataluña, pero la mayoría de estos 9.000 maorroquíes viven en Cataluña y nosotros conocemos a que aún no hobrado el mes de agosto pese a llevar más de 20 años aquí», aseguran.

Por su parte, la diputada y portavoz de ICV en el Parlament, Laia Ortiz, anunció que su partida pedirá la reprobación del conseller Mena por «sus declaraciones racistas».