Murcia

El PP destaca «el importante papel» que los docentes juegan en las aulas

La nueva normativa «no es una cortina de humo, como señala el PSOE»

Imagen de la vicepresidenta general de Sectorial, Estudios y Programas del PP, Inmaculada González
Imagen de la vicepresidenta general de Sectorial, Estudios y Programas del PP, Inmaculada Gonzálezlarazon

MURCIA- La protección de los docentes en centros educativos de la Región se encuentra amparada en la Ley de Autoridad Docente, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Gobierno murciano. «Era un objetivo de nuestro programa electoral y con la que haremos valer la figura del profesor en respuesta a una demanda de la sociedad murciana», afirmó Inmaculada González, vicesecretaria general de Sectorial, Estudios y Programas del PP regional. El proyecto educativo cuenta con el beneplácito del Grupo Popular, donde se valora «muy positivamente» esta normativa.

La iniciativa, que cuenta con el «compromiso personal del presidente Valcárcel y del PP», considera a los profesores como autoridad pública docente, siendo ésta su nueva protección jurídica. Rango que permite a la Fiscalía perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios. Además, la ley «garantiza la presunción de veracidad de los hechos que los profesores constaten, algo que sólo se reconoce a personas que están investidas de autoridad». Es decir, en las situaciones de conflicto que ocurran en el aula o con los padres de los alumnos, el testimonio de los profesores prevalecerá sobre las versiones de los escolares o sus familiares, hasta que, mediante pruebas, se demuestre lo contrario.

En este sentido, la responsable popular negó que la normativa «sea una cortina de humo, como señala el principal partido de la oposición, sino que ésta reconoce la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas». Asimismo, consideró que «es importante para aportar soluciones eficaces y abrir nuevos espacios a la consideración y protección real del docente».

La nueva ley cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico y será aplicada en los centros sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no regladas no universitarias, extendiéndose tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de actividades complementarias.