Justicia bajo sospecha (y II) por José Clemente

Las causas que provocaron la cacería y captura del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Dívar, no han cumplido con las peores expectativas que sobre su figura habían recaído este último mes y medio en el que ha prevalecido el «juicio del telediario» contra cualquier otra prueba de carga, y que le han llevado, finalmente, a arrojar la toalla de su carrera judicial. No sólo no se han visto confirmadas las acusaciones contra Dívar en ninguno de los peores supuestos, que es lo que avala su presunción de inocencia, sino que, además, ha sido objeto de un linchamiento público por parte de quienes supuestamente cometían las mismas tropelías de las que se le acusaba. Estamos ante un caso inaudito cuya víctima propiciatoria era el más alto representante de la judicatura en España, y eso no puede ni debe quedar impune, máxime cuando apenas unas horas después de la dimisión de Carlos Dívar era la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) quien rechazaba la querella contra su presidente al no quedar claro que abusara de su cargo en el asunto de los viajes y gastos con fondos públicos en asuntos privados.

Dívar es inocente, pero la sentencia llega tarde. Me cuentan intramuros del CGPJ que la cacería de Carlos Dívar era todo un misil contra la línea de flotación de la cúpula judicial española, auspiciada por los magistrados y vocales progresistas que veían venir otros cambios en la judicatura, especialmente por sus alturas. Por eso se ha utilizado, sin llegar a mencionarlo con todas las palabras, la posible condición sexual de Dívar en esos viajes, es decir, acompañado por la misma persona en todos ellos, que a la vez resultaba ser su ex escolta, haciéndose ver en lujosos hoteles y con vuelos pagados por todos los españoles. Demasiado sencillo para alguien que tiene que esconderse de algo. Pero está el país nuestro para semejantes menesteres, por eso era fácil su caza y captura, por eso se convirtió en la víctima propiciatoria. Y Carlos Dívar, por mucho que ahora se diga que el presidente del CGPJ no incurrió en ningún tipo de engaño o ardid para conseguir «un desplazamiento patrimonial a su favor», y que «actuó y se ajustó en todo momento de acuerdo a la norma vigente que estaba en vigor respecto al régimen de indemnizaciones por razón de servicio, que es también común para el resto de vocales», así como que quedara probado que en ningún momento usó esos fondos con fines privados y personales, el presidente del Consejo presentó su dimisión de forma irrevocable. La marcha atrás ya no era posible y los cazadores podían cortar su cabeza y disecarla como trofeo de una vil, despiadada e injusta reacción política, que son las instrucciones que recibieron los vocales para defenestrar a Dívar. La Justicia apenas es considerada por los españoles, como lo demuestra que el 56 por ciento de todos ellos no crea en su función, opine que los jueces están manipulados por la clase política y tiendan a perpetuarse en el sillón aunque su mandato haya caducado hace más de dos años. Esa es la realidad. Cada vez son más los españoles que dejan de creer en el Estado de Derecho, pues su opinión mayoritaria es que políticos y jueces están confabulados para mantenerse en el poder y abrasar el país con casos de corrupción en los que después se cubren las espaldas mutuamente.

Este país nuestro necesita de una urgente reforma del Poder Judicial para que los españoles vuelvan a depositar su confianza en los encargados de impartirla, pero eso no ocurrirá mientras los cazadores del presidente del CGPJ que han logrado la cabeza de Dívar no rindan cuentas públicas de sus respectivos gastos, que son, mil euros arriba o mil euros abajo, los mismos por los que Dívar tuvo que irse a su casa. Porque mientras los vocales que votaron a favor de la querella y aplaudieron después la dimisión del presidente del TS sigan en su sitio, la injusticia tendrá su razón de ser en nuestro ordenamiento, ya bastante depauperado con los continuados numeritos a los que nos han acostumbrado estos «maquiavelos» que tenemos por jueces. Como se ha dicho desde estas mismas páginas y en más de una ocasión la justicia ha de ser reparadora, y el único restañamiento que queda en el caso Dívar no es otro que todos y cada uno de los integrantes del CGPJ hagan públicos los usos y destinos a los que han ido a parar esos 22.000 euros que tenían y tienen asignados, como los tenía Carlos Dívar, para su libre uso en función del cargo que ostentan. Mientras eso no suceda, la Justicia seguirá siendo, como decía el andalucista y alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, un cachondeo.