Opinión

Cláusula suelo
Así lo ha fallado el TSJM en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (FITAG-UGT) contra una resolución dictada por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, el pasado día 5, en la que prohibía a los mineros marchar frente a la sede del Gobierno, en su recorrido desde Aravaca a la Ciudad Universitaria.
La Sección Novena acuerda la nulidad de dicha resolución por vulnerar el derecho de manifestación e impone las costas procesales a la Administración demandada, las cuales fija en un máximo de seiscientos euros.
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El "informe Cerdán"