Mensaje recibido por los pilotos a las 15:15: «Revisar procedimientos de emergencia»

Los controladores ya sabían esta mañana que el Gobierno se disponía a imponerles en el Consejo de MInistros, por "decreto", sus nuevas condiciones de trabajo. Tomaron entonces una decisión cuyas consecuencias superan con creces todos los paros realizados hasta ahora.

Los controladores saben que se exponen a una "venganza"sin contemplaciones por parte de Fomento, pero son conscientes de su fuerza, y conscientes también de que los controladores militares en condiciones de asumir su trabajo no llegan al medio centenar. Podrían estar capacitados para ejercer labores de torre de control, pero no estarían capacitados para realizar trabajos de control de ruta ni de aproximación.

Por si fuera poco, saben o están seguros de que las líneas aéreas no van a admitir que dirijan el tráfico aéreo unos militares que no están suficientemente preparados. No están dispuestas a asumir los posibles riesgos, y mucho menos las consecuencias de un hipotético accidente.

Fuentes del colectivo han informado a LA RAZÓN de que esta vez van en serio y están dispuestos a mantener el órdago. Blanco ha agotado su paciencia. "No vamos a dar nuestro brazo a torcer. Llegados a este punto, no tenemos nada que perder", asegura uno de ellos.

Posbile delito de "sedición"castigado con entre 8 y 15 años de prisión
Ahora queda saber por dónde podrían venir las consecuencias de este gesto para los controladores. Podrían incurrir incluso en un delito de "sedición"castigado con penas de entre ocho y quince años de prisión si desobedecen la orden militar de volver a sus puestos de trabajo.

La decisión del Gobierno de militarizar el trabajo de los controladores aéreos, supone que éstos queden sometidos a las órdenes de la autoridad militar que es de obligado cumplimiento y en caso de que estos las incumplan, podrían incurrir en delito de "sedición", según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

En caso de desobediencia, se podría aplicar el artículo 544 del Código Penal, en el que se define el delito de "sedición". Este artículo afirma que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Este delito está castigado con entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

"Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.