Hacienda filtra un informe con presuntas irregularidades contables del PP valenciano en el caso Gürtel

Un informe de la Agencia Tributaria revela presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que pudo ocultar donaciones recibidas de empresas empleadas para pagar a la sociedad Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes", considerado el responsable de la "trama Gürtel"en esa Comunidad.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, fue solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y analiza los pagos y cobros de Orange Market en 2007, año en el que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales. Durante ese ejercicio, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad "solamente una parte de los servicios realizados", pero también prestó otros "que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos". "El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)", asegura la AEAT, que agrega que esos cobros "en B"se obtuvieron "en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007". Según las documentación analizada, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat valenciana y a organismos dependientes de ésta. Un tercer bloque de clientes estaba compuesto por empresas como Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A., Constructora Hormigones Martínez S.A., Luis Batalla S.A., Padelsa Infraestructuras S.A., Juan Sanz S.L., Piaf S.L. y otras. "Sin embargo, de la documentación incautada en la sede de Orange Market se deduce que los servicios prestados al primer bloque de clientes (PPCV) son bastante superiores a los declarados contable y fiscalmente y hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados al tercer bloque pudieran no ser reales y encubrir la prestación de servicios al cliente del primer bloque", dice la AEAT. El informe analiza la relación de los ingresos ocultados por Orange Market con los gastos del PPCV derivados de las dos citas electorales. La conclusión es que "del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido (en los casos en los que Orange Market emitió factura), una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros". "La opacidad con la que se entregan las cantidades a Orange Market para el pago de los gastos de la campaña hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes, por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros", afirma Hacienda. Para la AEAT, "la ocultación de ingresos, gastos, elementos patrimoniales y beneficios por parte de Orange Market no tiene causa alguna si su destinatario va a declararlos en sus estados contables, por lo que es razonable suponer que esos ingresos y gastos también se han ocultado por parte del PPCV". El informe agrega que "la aplicación de los principios contables más básicos"obligaba al PPCV "a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones o aportaciones recibidas y como gasto del ejercicio los servicios adquiridos a Orange Market o a terceros por conceptos de realización de los actos de campaña y de comunicación". Hacienda recuerda que la ley no permite compensar un ingreso con un gasto sin reflejarlo en las cuentas y subraya que "ese es el fin de la contabilidad, dar información a la propia empresa y a terceros de la situación financiera de la entidad, pero también de la corriente real de bienes y servicios que circulan por ella". "Es más, dadas las limitaciones y condiciones estrictas en que debe desarrollarse toda contienda electoral, en un partido político es mucho más importante conocer esa corriente real de bienes y servicios que cuáles son sus deudas y patrimonio en un momento dado", concluye.

Querella por falsedad en documento público y prevaricaciónEl PPCV ha presentado una querella por falsedad en documento público y prevaricación contra el funcionario autor del informe de Hacienda, que ha sido hecho para "condicionar"la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes de Francisco Camps Así lo ha anunciado el PP valenciano en un comunicado tras saber que un informe de la Agencia Tributaria revela presuntas irregularidades en su contabilidad, y que pudo ocultar donaciones recibidas de empresas empleadas para pagar a la sociedad Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes", considerado el responsable de la "trama Gürtel"en esa Comunidad. Se trata, indica, "de la segunda ocasión"que "se pretende condicionar la decisión un tribunal"mediante un informe, ya que, según expone, el pasado 31 de julio de 2009 se presentó otro ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de "idéntico contenido"al actual y a "escasas horas"de decidir sobre el procesamiento del president de la Generalitat. "En este momento, en víspera de la decisión del Tribunal Supremo", se vuelven a "presentar los mismos datos manipulados, con idéntico objetivo pero con distinto membrete", afirma el PPCV. "Este informe de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se sustenta sobre el informe elaborado por una Unidad del dependiente del Ministerio del Interior que ya fue descartado por el TSJCV", añade. El PPCV considera "vergonzoso que en un estado de Derecho se intente, por estamentos del Estado, presionar a los Tribunales en sus decisiones". Según afirma, el informe "se solicitó única y exclusivamente para conocer la trascendencia fiscal de las actuaciones de una empresa y se ha querido convertir, con expresa intencionalidad, en una opinión de parte sobre cuestiones ajenas a tal petición". Por ello entiende que "carece de validez a efectos probatorios", y que se trata de una "recopilación de opiniones de un autor, cuya pretensión es sencillamente inculpar". A través de las mismas "baraja diferentes hipótesis"y, "desde ellas se pretende sentar conclusiones ajenas a la realidad contable y presupuestaria del PPCV". El PPCV subraya que ya denunció "la falsedad y manipulación de las conclusiones del informe de 31 de julio de 2009, elaborado por funcionarios de la Policía, algunos de ellos premiados con una cruz pensionada por haberlos realizado". Ahora, "habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado, el PPCV hará uso de todos y cada uno de los instrumentos que le asisten en un Estado de Derecho para la poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este Partido y de los responsables del mismo en la Comunitat Valenciana". En su opinión, este informe "no investiga las cuentas del PP", ya que "nunca un informe sobre la actividad de un proveedor puede valorar la legalidad o ilegalidad de uno de sus clientes, máxime cuando el cliente en cuestión, el PPCV, tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control". Estas obligaciones "se han cumplido y se cumplen, de forma escrupulosa, ante la Administración electoral, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y las Auditorias internas y externas que se practican sobre la contabilidad del partido".