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Desde entonces, los candidatos a rector, exceptuando Carlos Andradas, han llevado a cabo una cruzada para impedir el veto electoral que sufren estos grupos de la comunidad universitaria y facilitarles su derecho constitucional. Sin embargo, el Rectorado no se pronuncia al respecto y el secretario general de la Junta Electoral toma decisiones que han favorecido la campaña de Andradas.

Todo estalló cuando la Junta Electoral (JEC) declinó la petición de los candidatos para facilitar el sufragio. El viernes de la semana pasada se reunieron los seis postulantes a rector de la Universidad Complutense de Madrid con el Rectorado. El tema a tratar era la propuesta de Carlos Andradas de celebrar un debate público, una iniciativa que no fue escuchada por la JEC cuando fue planteada previamente por el resto de candidatos. Como representante de la misma asistió el secretario general Julio V. González, a pesar de las peticiones de recusación que pesan sobre su cargo. González ya reconoció públicamente que «todo el mundo sabe que estoy con Andradas» y haber enviado un correo electrónico a un grupo de 30 personas para hacer campaña a favor suyo «en calidad de profesor». Estas declaraciones a la prensa fueron la gota que colmó el vaso y durante la reunión los candidatos pidieron su recusación y consiguieron tras un debate tenso que abandonara la sala de instancias. Según Jesús Sánchez Lobato, uno de los candidatos, «desde entonces nos comunicamos con la Oficial Mayor de la UCM». «Sólo pedimos que dentro del proceso electoral no haya intereses personales, como ya lo ha demostrado el secretario», concluye el profesor.

Todos los candidatos, exceptuando a Andradas, están de acuerdo en la «falta de parcialidad» del secretario general, quien desestimó la petición de instalar mesas electorales en los centros adscritos que no pueden ejercer su derecho a voto. La inhabilitación de su cargo fue rechazada por la JEC firmado por el actual rector Carlos Berzosa, el cual no se ha pronunciado por el veto electoral al que están sometidos los grupos afectados. Lejos de una solución rápida, el Rectorado ha dilatado esta situación y ante las inminentes peticiones hace oídos sordos y sin justificación alguna son rechazadas por la Junta. «Tenemos que reunirnos para ver cómo actuamos ante la postura de la Junta Electoral», explica Sánchez.

Mientras tanto, los estudiantes de los centros adscritos se ven privados de la posibilidad de votar en sus centros docentes y se les obliga a desplazarse al Rectorado para ello. De la misma forma, el PDI de áreas sanitarias que desarrollan su labor en alguno de los Hospitales universitarios también debe desplazarse a la Facultad de Medicina para votar, por lo que obstaculiza sus funciones profesionales.